En las últimas semanas, Chile ha sido testigo de una serie de cuestionamientos hacia algunas de sus instituciones más fundamentales, y uno de los focos de preocupación ha sido el Poder Judicial, en particular, quienes lo integran. Lo que solía ser un motivo de orgullo, la pertenencia a una estructura que garantizaba el estado de derecho y la justicia imparcial, hoy se ve ensombrecido por dudas y controversias. Este fenómeno no solo afecta la confianza pública, sino que amenaza la estabilidad de las bases democráticas que sostienen a nuestro país. 

En toda sociedad democrática, el Poder Judicial es esencial para garantizar la aplicación justa de las leyes. En Chile, este poder ha sido un pilar en la construcción de nuestra república y en la preservación del Estado de Derecho. Sin embargo, en los últimos tiempos, han surgido casos que ponen en tela de juicio la integridad y transparencia de algunos jueces, lo que genera desconfianza entre la ciudadanía.

La justicia, cuando se contamina con favoritismos, manipulaciones o cualquier tipo de intereses, deja de ser justicia. La probidad de los jueces debe ser inquebrantable, y la transparencia en sus decisiones debe ser un principio rector. 

En cualquier democracia moderna, la transparencia institucional es clave. La ciudadanía tiene el derecho de saber cómo se toman las decisiones que afectan sus vidas, y las instituciones, deben ser capaces de rendir cuentas de sus acciones. 

La transparencia no solo es importante para la justicia, sino también para la educación. La escuela, como institución formativa, debe inculcar en sus estudiantes valores éticos que incluyan el respeto a la ley y la importancia de la justicia. Un sistema judicial cuestionado no solo debilita la enseñanza de estos valores, sino que también impacta en la formación ciudadana.

Como señala Paulo Freire, la enseñanza debe formar ciudadanos capaces de cuestionar y transformar la sociedad. Si las instituciones públicas no operan con transparencia y ética, el sistema educativo pierde una referencia clave en la formación de esos ciudadanos. 

En pocas semanas, nos enfrentaremos a un nuevo proceso electoral, y estas elecciones representan una oportunidad para renovar el compromiso con la transparencia en todos los niveles de la política nacional. 

Es crucial que la ciudadanía ejerza su derecho a votar con conciencia, exigiendo a los candidatos un compromiso firme con los principios de transparencia y honestidad. 

La buena fe de los ciudadanos no puede ser manipulada ni traicionada. En cada elección, depositamos en nuestras autoridades un voto de confianza. Esa confianza debe ser honrada en la práctica. De la misma forma que exigimos probidad en los jueces, debemos exigir transparencia y honestidad en quienes se postulan para gobernar.

En medio de toda incertidumbre, el llamado debe ser a no jugar con la buena fe de la ciudadanía. Cada elección es una oportunidad para fortalecer nuestra democracia, pero para que eso suceda, necesitamos que quienes buscan representarnos lo hagan con un compromiso genuino hacia el bien común.