La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), también conocida como la Ley del Reciclaje, apunta a aumentar las tasas de reciclaje a nivel nacional. Entre sus productos prioritarios contempla a los envases y embalajes, y obliga a las empresas que ponen en el mercado productos envasados a que, organizadas en un sistema de gestión, se hagan cargo de la recolección y reciclaje de ellos, fijando metas diferenciadas por material.  

En ese contexto fue que la municipalidad firmó un convenio con el sistema de gestión ReSimple para acordar cómo se operará en Punta Arenas.

Sobre la ley misma, el secretario regional ministerial (Seremi) de Medio Ambiente, Enrique Rebolledo, contó: “En el caso del vidrio, se indica que la meta de valorización domiciliaria alcance un 65% a nivel nacional. De igual manera, se establece la obligación a los sistemas de gestión a operar puntos limpios o verdes, según la población existente. En el caso de Punta Arenas, el decreto fijó la obligación de operar 3 puntos limpios, iniciando su operación en el año 2025. Además, existe una obligación de cobertura de llegar, gradualmente, a un 80% de las viviendas de todo el país”. 

De acuerdo con lo anterior, la puesta en marcha de la Ley REP puede ser positivo para los municipios, dado que obliga a los sistemas de gestión a financiar un sistema de recolección. Así lo afirma la autoridad regional de Medio Ambiente: “De todas maneras, en caso de que los sistemas de gestión aún no hayan iniciado su operación en sus territorios, la Ley no prohíbe que los municipios puedan seguir operando sus propios sistemas de recolección de materiales reciclables”, agregó. 

Ley marco 20.920

La Ley 20.920 tiene como principal instrumento la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), un mecanismo en virtud del que los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país. 

Se trata de un régimen especial de gestión de residuos, a través del cual los productores son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de residuos derivados de la comercialización de productos definidos como prioritarios en el mercado nacional, regulados a través de la Ley y decretos supremos desarrollados por el Ministerio del Medio Ambiente.