La urgencia con la que se ha tratado la reforma previsional es también una señal de cierre de la actual administración del Presidente Gabriel Boric. El miércoles se presentaron las indicaciones, las que parecían haber sido tratadas con anterioridad por parte de los parlamentarios y el Ejecutivo, y han tenido efectos en el debate público, tomándose la agenda. 

La iniciativa considera, entre varias otras cosas más, la posibilidad de aumentar las pensiones de los jubilados actualmente; una implementación paulatina; el modificar atribuciones a las Administradoras de Fondos de Pensiones; y la licitación de carteras de afiliados, entre otras cosas. 

En la práctica, podría ser un impulso a la competencia entre las mismas AFP, lo que, como competencia tal, “siempre ha sido un problema en Chile”, diagnosticó el doctor en Economía, Juan Luis Oyarzo. Luego siguió: “Debemos recordar que en un comienzo teníamos 27 AFP que competían en el mercado por tener mayores afiliados, mientras que el día de hoy sólo existen siete AFP, lo que provoca una concentración del poder. Incluso, al ser pocos participantes generan una asociación que no puede ser supervisada por la superintendencia de pensiones”.

El efecto de mayor competitividad, explicó Oyarzo, tendría por consecuencia “una desconcentración de poder y, a su vez, “a que los competidores se diferencien ya sea en temas relacionados con la rentabilidad o con la misma transferencia de servicios, de modo que se propone una variación en la tasa actual de encaje; pero lo que más llama la atención es permitir la entrada de gestores de inversión independientes, quienes podrían administrar fondos sin asumir los costos estructurales de las AFP tradicionales, como mantener oficinas físicas en todo el país”.

“Un error tremendo”

Por otra parte, el exconsejero regional del Partido Republicano, Alejandro Riquelme, ve otro punto de crítica: “Cualquier modificación reglamentaria, que apunte a una mayor competencia en un mercado siempre es positiva: a mayor competencia, menores costos de comisión de administración y, por lo tanto, favorece a los cotizantes. Sin embargo, ese no es el aspecto criticado. Transitar a un sistema de reparto, a través de préstamos obligatorios al Estado, es un error tremendo”.

“La idea de aumentar el ahorro es el camino correcto, pero no que llegue al bolsillo del Estado, sino a los trabajadores que cotizan. ¿Hoy ya trabajamos casi 3 meses al año, solo para pagar impuestos y vamos a tener que trabajar más para ‘prestarle’ al Estado? Un rotundo: No. Ya sabemos cómo devuelve los dineros este Estado, solo debemos preguntarles a los profesores y su deuda histórica”, agregó luego.

Las propuestas del sector son “aumentar y equiparar las edades de jubilación, aumentar el porcentaje de ahorro individual y si existen diferencias, aumentar la Pensión Garantizada Universal”: “Si se aprueba este pésimo acuerdo entre la izquierda y Chile vamos, habrá consecuencias negativas en una economía que apenas marcha: aumento del desempleo, y la informalidad, precariedad laboral y estructura de costos a las pymes que ya estamos complicadísimas”, cerró.

Por otra parte, el Ph. D. Oyarzo vaticina que “que la discusión no se encuentra cerrada ya que, si bien se llegaron en estos días a varios acuerdos, el tema del manejo de los recursos ha sido complejo”. A su juicio, las nuevas facultades que la reforma le entregaría al Instituto de Previsión Social u otro organismo “es el principal obstáculo para un acuerdo; creo además que la oposición se ha escudado en el eslogan ‘la plata es mía’ que como bien dije antes, dicha frase proviene del uso de recursos que aportan los trabajadores y que han sido gestionados por la asociación de AFP en distintos medios de comunicación”.