El Ministerio de Medio Ambiente inició la consulta pública del anteproyecto de Modificación al Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)-Fase 2, que tiene como objetivo modernizar y hacer más eficiente este instrumento de gestión ambiental. Esto se suma a la Fase 1 del proceso y al proyecto de Ley Evaluación Ambiental 2.0 que avanza en el Parlamento.

La modificación propone dos mejoras: primero, sobre tipología de proyectos o actividades que deberán someterse al SEIA; segundo, sobre la obtención de los permisos ambientales sectoriales (PAS) que deban tramitarse en el SEIA.

Con relación a las tipologías a someterse al sistema, las modificaciones propuestas apuntan a actualizar el listado de tipologías de ingreso al SEIA, velando por que los proyectos que ingresen al sistema sean aquellos que efectivamente generan impactos, permitiendo al sistema dedicarse a la evaluación ambiental de iniciativas relevantes desde el punto de vista de su intervención al medio ambiente.

Sobre la obtención de los PAS, las mejoras harán más eficiente la tramitación de estos permisos al permitir que la totalidad de éste sea tramitado y obtenido durante la evaluación de impacto ambiental, sin la necesidad de un proceso posterior a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). De esta manera, se busca fortalecer al SEIA como ventanilla única, reducir los tiempos para la ejecución de un proyecto o actividad, y conservar los estándares procesales y de fondo para el resguardo de los objetos de protección de cada permiso.

El anteproyecto se encuentra disponible en la página https://consultasciudadanas.mma.gob.cl/portal/consulta/181, donde cualquier persona puede realizar aportes y observaciones que ayudarán a enriquecer el documento, robusteciendo la versión definitiva que deberá elaborar el Ministerio del Medio Ambiente. Esta consulta pública estará abierta hasta el 2 de abril. 

El nuevo anteproyecto publicado por el MMA complementa la Fase 1 de modificación al Reglamento del SEIA, publicado en febrero del 2024, que tuvo como principal objetivo la incorporación de la variable del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la Ley Marco de Cambio Climático, y el fortalecimiento del acceso a la información y la participación ciudadana en materia ambiental, en cumplimiento del Acuerdo de Escazú.