En año electoral, el comentario de pasillo era que existía entre el gobernador de Magallanes y la Antártica Chilena, Jorge Flies, y el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, un acuerdo de no agresión. En un punto del 2024, una de las divisiones del Gobierno Regional le advirtió a la máxima autoridad de Magallanes que algo pasaba en el vertedero, que era segunda vez que lo detectaban, por segundo año consecutivo, que incluso había fotos, videos y trabajadores involucrados, y que no lo podían eludir más. Pero mejor veámoslo después, respondió Flies. Y ese después llegó el martes 11 de febrero: el Gobierno Regional ofició a la municipalidad de la capital de Magallanes por una “denuncia” por un terreno afectado del Vertedero Municipal que incluso podría caer en el delito de usurpación.

El documento, al que tuvo acceso El Pingüino, señala que el terreno en cuestión está ubicado en el “lote 1A 1B de 168,136 hectáreas ubicado en el sector Leñadura que colinda por el norte y este con el terreno del actual Vertedero Municipal”. Ese terreno fue adquirido para que se construyera allí el relleno sanitario. 

Sigue el documento: “Tras detectar anormalidades en los deslindes del terreno, se encomendó en junio de 2023 a un equipo de profesionales de este Servicio (del GORE) la realización de un levantamiento e informe técnico respecto de la planimetría obtenida el estudio topográfico, geotécnico, hidrológico e hidrogeológico realizado el año 2017-18, que sirvió de base para la definición de deslindes del predio y efectual la subdivisión del terreno respecto del inmueble de mayor cabida de propiedad del vendedor Socieda Agrícola, Ganadera y Forestal J.R. Limitada, en el que se hace un primer análisis mediante la toma de coordenadas con GPS”.  

De ello se hizo un plano, el que se comparó con la subdivisión resultante. “De este informe preliminar queda de manifiesto la diferencia en el trazado actual del ceerco divisorio respecto de los deslindes del terreno del Gobierno Regional inscritos en el Conservador de Bienes Raíces”, precisa el oficio. 

El equipo del Gobierno Regional pudo constatar que “los cercos, ya modificados respecto de los deslindes oficiales, se encuentran con postes y alabres en el vacío, producto de la extracción de material de cantera desde el terreno del vertedero municipal hacia el terreno del Gobierno Regional”.

Continúa el oficio: “Como en este informe se evidencia alteración de deslindes y explotación de material de cantera, obviamente sin la autorización del Gobierno Regional, propietario del inmueble, se encomienda un nuevo reconocimiento, esta vez instrumental geodésico para efectuar un levantamiento y modelación 3D del terreno”. El objetivo era precisar “el área ocupada y el volumen de material extraído, sin autorización por las operaciones del vertedero municipal”.

Nuevo informe

En abril de 2024 se entregó el segundo informe. En él se comprobó la alteración respecto a los deslindes del plano de subdivisión inscrito en el Conservador de Bienes Raíces. Pero hay más: “Se sorprende en forma infraganti a trabajadores en faenas de desplazamiento del cerco divisorio, dejando en el terreno postes, herramientas y alambres que estaban siendo utilizados en estos trabajos, evidenciando el abandonar el terreno que se encontraban”.

La construcción de modelos 3D del terreno permitió al equipo del Gobierno Regional determinar que el volumen de material extraído respecto al original es de 3.676,18 metros cúbicos de áridos, lo que podría traducirse en más de $90 millones. “Lo anterior sin considerar la delimitación final del terreno, que producto de la situación irregular advertida en el informe técnico N°1, o de alguna otra modificación del cerco divisorio se haya realizado desde esa fecha”, se argumenta en el documento.

En oficio mismo apunta a esclarecer los movimientos y “la participación de ese municipio, conocimiento de los hechos y responsabilidades, a fin de evaluar futuras acciones a tomar”.

La municipalidad

El director de Obras Municipales de Punta Arenas, Alex Saldías, cuestiona de entrada las dos visitas y dos informes del equipo técnico de expertos del GORE: “Hay que revisar si realmente lo que comenta el oficio es verídico o no, porque tenemos que hacer nuestro levantamiento y tenemos que revisar. Esto se lo entregamos a una empresa concesionaria que maneja el terreno”.

Por lo pronto, reconoció que en la municipalidad no sabían de esto: “Recién con el oficio que nos llegó ayer (martes) estamos notificados)”. 

Quienes manejan el contrado de concesión de manejo del vertedero es la dirección de Aseo, Ornato y Medio Ambiente. A ellos, instruyó Saldivia, hay que preguntarles “qué está pasando. Por otro lado es hacer nuestro estudio de título, porque fue una compra original y luego otras que se fueron anexando, porque se fue quedando chico (el vertedero mismo)”.

La empresa a cargo es Hollemberg SpA, cuya constitución fue publicada en el Diario Oficial en junio de 2021.

En concreto, además del título, instruyó la realización de un informe topográfico “y consultarle a la empresa si movió el cerco: si lo hizo, se tiene que rectificar el deslinde que nos corresponde”.

La duda que cabe, entonces, es en relación a la comunicación entre la empresa y la municipalidad, pues hubo dos visitas de los técnicos del GORE donde, incluso, se sorprendió a los trabajadores en el acto mismo de cambio de cerco. Aunque desde Medio Ambiente les sinceraron a Obras Municipales “que no tenían información de modificación del cerco”. 

Director (s) de Medio Ambiente

Cristian Muñoz es el director subrogante del departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de Punta Arenas. Está en el cargo desde el 1 de febrero. El oficio lo pilló de la misma forma: de sorpresa y sin mucho antecedente. Pero a propósito de la presión de Obras Municipales y del cumplimiento del tiempo legal para responder a los requerimientos del Gobierno Regional, tomó decisiones rápidas:

“Es un tema que viene desde 2023. En un momento dado, el terreno cedió donde estaba el cerco perimetral y queda colgado. En su oportunidad se le solicitó a la empresa concesionaria que hiciera la reparación y restitución del cerco conde correspondía. Entendemos que esa reparación se hizo, o no se hizo, o se mal hizo. Pero hay una solicitud y, por tanto, hemos pedido un informe a la empresa para la reposición o restitución del cerco original, que se había corrido para que no se viera colgando ni se viera como falta de seguridad. Se colocó un poco más allá para darle firmeza al cerco, pero la idea era que había que rellenar”.

Lo resume como que se corrió el cerco “no porque queremos ganar terreno, sino porque el lugar original donde estaba incrustado, cedió. Y por un tema de seguridad”.

En ese sentido, Muñoz aseguró que cedió “por razones naturales”, aunque advierte que “hay que investigar más a fondo si fue por eso”. 

La instrucción a Hollemberg SpA fue que tenía plazo hasta el próximo viernes 14 de febrero para dejar en la dirección de Medio Ambiente los antecedentes que respalden el movimiento del terreno por razones de seguridad, e incluso si hubiese sido ese el caso, “ese cerco debió haber sido devuelto a su lugar de origen”.

El mismo argumento usa para referirse al movimiento de material por un monto de más de $90 millones. 

Respecto de la comunicación con la concesionaria, considerando al menos dos visitas, señaló no estar en condiciones para evaluarla “porque yo no veía el contrato directamente, “pero hay que mejorar la comunicación con la empresa contratista, sobre todo en situaciones relacionadas al vertedero y que terminen afectando a la municipalidad también”.

Con todo, apunta al “principio de buena fe: no creo que haya mala intención en esto (...) Toda apropiación indebida es grave. El informe que se está solicitando es para dirimir qué pasó. En una de esas, aparece que hubo informes y correos (que notificaron de la cedida de terreno y del movimiento presuntamente temporal del cerco)”.

Concejo municipal

Cuatro concejales fueron consultados al respecto, pues también a ellos se les hizo llegar el oficios: tres de ellos, afines a la vereda política del alcalde, al cierre de esta edición, no hicieron declaración alguna. El republicano Miguel Contreras dijo no estar al tanto del documento, mientras que Germán Flores y Alicia Stipicic no respondieron a los mensajes de El Pingüino.

El cuarto concejal consultado, Jonathan Cárcamo (FA) calificó el hecho como “extremadamente grave”. “Esto no solo representa un daño patrimonial significativo, con una pérdida económica que supera los $90 millones, sino que también expone una posible irregularidad en la administración de los terrenos municipales”.

“El municipio debe proporcionar toda la información disponible sobre esta situación y esclarecer el nivel de conocimiento que tenían las autoridades sobre estas acciones. No podemos permitir que este tipo de operaciones se realicen sin transparencia ni fiscalización. Es fundamental que se investigue a fondo para determinar responsabilidades y que se implementen medidas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir en el futuro. La administración de los bienes públicos debe regirse por principios de legalidad y transparencia, garantizando que cada acción esté dentro del marco normativo vigente”, cerró, no sin antes advertir que la Dirección de Medio Ambiente ha sido objeto de problemas consecutivamente en la ciudad.