Poco a poco se van esclareciendo los vínculos contractuales de la Universidad de Magallanes con funcionarios que prestaron servicios a la casa de estudios, y cuyos casos terminaron judicializados.

Un total de cinco extrabajadores recurrieron a los tribunales, señalando que el actuar de la casa de estudios había sido “ilegal y arbitrario”, argumentos que fueron descartados en primera instancia por la Corte de Apelaciones y, finalmente, por la Corte Suprema.

Camilo Araneda, director jurídico de la UMAG, explicó que cada uno de los funcionarios que prestaban servicios tenían un vínculo que está definido como transitorio, debido a la definición de la “contrata”, que era hasta el 31 de diciembre del año pasado, lo que se puede ir renovando cada vez que se terminan los plazos y si la entidad lo requiere.

“En ese sentido, la Corte de Apelaciones hace eco de los argumentos de la universidad, en cuanto a que actuamos dentro de las potestades que nos entrega la ley y, particularmente, que estos funcionarios no se encuentran amparados ante la teoría de la confianza legítima. Esta institución jurídica que se ha generado, que los funcionarios después de tener cinco años de permanencia dentro del servicio se les entrega un estatuto de garantías especiales para poder ser desvinculados”, explicó.

Así como lo detalla el profesional, para aquellos funcionarios que tengan más de cinco años prestando servicios, las instituciones públicas deben presentar un estatuto de garantías especiales para poder desvincularlos.

Esto solo forma parte de un grupo de juicios que ha debido enfrentar la universidad, y de otras causas que aún están en curso. Todos estos despidos de personas han sido justificados como parte de la reestructuración interna que apunta a enfrentar un grave déficit presupuestario.