La negociación entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha encendido el debate en los corredores del poder económico y social. Tras encarar posturas encontradas durante intensas jornadas de diálogo, se anunció un acuerdo que fija el salario mínimo en 539.000 pesos, cifra inferior a la demanda inicial de 578.948 pesos y a la ambiciosa meta de alcanzar el millón en 2029.

Desde esta región magallánica, con su particular sensibilidad ante las realidades económicas estructurales, se observa con cautela este intento de equilibrar expectativas sociales y la capacidad productiva de un país marcado por un crecimiento anual promedio de cerca del 2%.

El desafío de la baja productividad

El economista Juan Luis Oyarzo advierte sobre los riesgos que supone un ajuste sin el respaldo de mejoras en productividad.

“En los últimos 12 años, Chile ha registrado un crecimiento promedio de apenas un 2% anual, lo que evidencia un estancamiento preocupante. Insistir en alzas significativas del salario mínimo sin un incremento paralelo en la productividad implica, en la práctica, aumentar exclusivamente los costos laborales para las empresas, afectando particularmente a las pequeñas y medianas”, agregó.

Oyarzo enfatiza que, sin un plan que fomente la capacitación y modernización de las firmas, el incremento salarial podría volverse contraproducente para el tejido empresarial del país.

Aumento inconducente

Por otro lado, el economista Manuel José Correa realiza una crítica potente a la solicitud de la CUT.

Según Correa “la solicitud de incremento del salario mínimo de la CUT es inconducente. El ministro Marcel ha sido claro al señalar que el Gobierno no acompaña dicha iniciativa. Además, resulta paradójico que, en un contexto de cifras de crecimiento positivo, se pase por alto el hecho de que el desempleo femenino ha alcanzado el 9.5%, lo que plantea serios interrogantes sobre si realmente existe un compromiso integral con el bienestar de las trabajadoras”.

Esta postura invita a reflexionar sobre la necesidad de implementar políticas integrales que, además de mejorar los ingresos, contemplen estrategias de eficiencia y equidad.

El pacto, pendiente de la aprobación definitiva en el Congreso, se presenta como un punto de inflexión en el debate salarial nacional. Las autoridades confían en que este acuerdo marque el inicio de un proceso que vincule de forma responsable el incremento de los sueldos con mejoras en la productividad y la competitividad. Mientras tanto, la sociedad y los actores del sector productivo esperan que el desafío de modernizar la economía se convierta en un compromiso genuino de estabilidad y crecimiento, capaz de generar un futuro más justo y sostenible para trabajadores y empresas en Chile.