La investigación por presunto desvío de fondos públicos a través de la fundación Procultura, que ya ha implicado a autoridades de distintas reparticiones del Estado, entró en una nueva etapa luego de revelarse escuchas telefónicas donde una mujer declara que recursos entregados a la organización habrían sido destinados a la campaña presidencial de Gabriel Boric.

Si bien el Presidente no es investigado formalmente, su aparición en las grabaciones ha generado un intenso debate político, incluso a nivel regional.

En Magallanes, diversas figuras políticas han reaccionado con posturas que van desde la crítica directa hasta la defensa del debido proceso, reflejando la sensibilidad que el caso ha generado en el ambiente preelectoral.

“Yo lo advertí en 2022”

El exconsejero regional y militante republicano, Alejandro Riquelme, no se guardó palabras y reivindicó su rol como uno de los primeros en advertir irregularidades.

“Fui la primera autoridad en no aprobar dineros, cuestionar y denunciar las triangulaciones de dinero de Procultura y las demás fundaciones truchas con el gobernador Flies, ya el año 2022”, señaló el republicano.

Para Riquelme, los antecedentes actuales refuerzan sus sospechas. “Después de 3 años entendemos por qué la insistencia del gobernador en entregar a dedo millonarios recursos a esta fundación: los dineros iban a parar a campañas del Frente Amplio y quizás al mismo Presidente”.

A esto añadió un llamado a ampliar la lupa investigativa: “La pregunta que nos debemos hacer hoy es ¿a qué otras campañas, con dineros de todos los chilenos, financió Procultura y el señor Larraín? ¿Diputada, gobernador, cores? Porque aquí lo que sucedió es que al señor Larraín le pasaban platas a dedo todos: cultura, Serviu, municipalidades, el Gobierno Regional, y después éste vía empresas de papel las retiraba vía facturas, y hoy, según conversaciones, finalmente llegaban a las campañas del Frente Amplio y al Presidente”.

“El proceso debe seguir su curso”

Desde el oficialismo, el consejero regional Arturo Díaz mostró cautela ante las filtraciones. “Llama poderosamente la atención que a poco tiempo de que se inicie un nuevo proceso electoral en el país nuevamente haya filtraciones de conversaciones que se producen en el ámbito de la privacidad y, cuyo resguardo, al ser materia de investigación, está a cargo de la Fiscalía”.

Díaz recalcó la importancia de dejar actuar a las instituciones y se alineó con el discurso presidencial. “Reafirmo la posición que ha manifestado el Presidente Boric en múltiples oportunidades: todo proceso de investigación debe llevarse a cabo de manera exhaustiva sin distinciones de ningún tipo y, en caso de comprobarse cualquier irregularidad, debe ser sancionada”. Sin embargo, aclaró que “en lo personal no creo que este sea el caso”.

“Ni juicios anticipados ni impunidad”

Desde una postura más institucional, el socialista Christian Gallardo llamó a mantener el equilibrio democrático. “Frente a los antecedentes conocidos en el Caso Procultura y las eventuales vinculaciones a autoridades, incluido el Presidente, lo primero es reafirmar que en una democracia sana toda denuncia debe investigarse con seriedad, sin importar el cargo de los involucrados”, enfatizó.

Gallardo subrayó, además. la importancia de la cautela pública: “Debemos evitar juicios anticipados y distinguir entre hechos acreditados y meras especulaciones. La transparencia y el debido proceso son pilares esenciales, no banderas de conveniencia”. A su juicio, este momento representa una prueba clave: “Como país, necesitamos instituciones que funcionen y ciudadanos que exijan rendición de cuentas con responsabilidad”.

El “Caso Procultura” se ha transformado en una tormenta política con implicancias que ya superan lo administrativo. Las nuevas aristas de la investigación, que rozan directamente al entorno presidencial, obligan a revisar el funcionamiento del Estado en la entrega de recursos públicos, y, al mismo tiempo, exigen un ejercicio transparente y firme del poder fiscalizador. La región de Magallanes observa con atención este proceso, tomando en cuenta que el nombre del gobernador regional Jorge Flies se encuentra incluido directamente en estas investigaciones y, aunque la autoridad local ha defendido la legalidad de estos convenios y ha negado irregularidades, la Fiscalía continúa indagando posibles responsabilidades administrativas y penales. Estos casos de alta connotación pública, vienen a marcar un antes y un después en la relación entre política, financiamiento electoral y confianza ciudadana.