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 poco más de seis meses de las próximas elecciones parlamentarias, el diputado Christian Matheson pidió este lunes al Ejecutivo calificar de “suma urgencia” el proyecto de ley ingresado en mayo de 2023, que busca que el Servicio Electoral -en uso de sus facultades legales y dentro del principio de colaboración de los organismos del Estado- solicite al Servicio de Registro Civil e Identificación la documentación necesaria, por oficio o por sistema interconectado, para verificar el cumplimiento de los requisitos legales de los candidatos a un cargo de elección popular.

En específico, la iniciativa propone que se obtenga una copia del extracto de filiación, el que da certezas sobre las condenas que posee una persona aún haya solicitado “borrar” sus antecedentes penales del certificado del mismo nombre.

Para el legislador, la propuesta legal tiene como finalidad “elevar los estándares de revisión con que deben ser analizadas por el Servicio Electoral las candidaturas de los postulantes a cargos públicos”.

El parlamentario magallánico explicó que “el objetivo del Servel es administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, y de supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas electorales”.

En ese sentido, Matheson subrayó que la iniciativa “colabora en las funciones y atribuciones del Servel y su director, en cuanto a celebrar convenios especiales para la ejecución de estudios, investigaciones o programas que tengan por objeto el mejor cumplimiento o la difusión de los fines del servicio, y de requerir, personalmente o a través de los subdirectores, los antecedentes necesarios de los distintos órganos del Estado para el examen de las situaciones comprendidas en el ámbito de su competencia”.

El diputado finalizó señalando que “lo que no queremos que vuelva a ocurrir, es que candidatos que se encuentran con una inhabilidad o prohibición para postular a cargos de representación popular puedan hacerlo sin que se revisen sus antecedentes, como sí ocurrió para el Consejo Constitucional”.

Integridad del proceso

Adicionalmente, diversas voces en el ámbito académico y mediático han destacado que la pronta tramitación de este proyecto podría sentar un precedente fundamental para reforzar la integridad del proceso electoral.

Expertos en derecho electoral afirman que, al implementar sistemas interconectados para la verificación de antecedentes, se fortalecerá la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Sin embargo, también se enfatiza la necesidad de equilibrar el control riguroso con protocolos de protección de datos y el respeto a la reinserción social, evitando así posibles obstáculos burocráticos que perjudiquen el derecho de postulación de quienes han cumplido sus condenas.