Un duro informe de la Contraloría General de la República, fechado el 3 de junio de 2025, confirmó el uso indebido de recursos públicos por parte del Gobierno Regional de Magallanes.

El documento -Informe Final de Auditoría N.º 811-2024- da sustento a la denuncia presentada por el core Alejandro Riquelme Ducci en agosto del año pasado, señalando que personal contratado por el GORE fue destinado a la administración de redes sociales personales del gobernador Jorge Flies Añón, ajenas a las plataformas institucionales. Además, se constató un consumo de combustible por sobre los límites autorizados.

El Gobierno Regional ha negado categóricamente los cargos, pero la respuesta no ha calmado los ánimos. Por el contrario, esta postura ha sido recibida con una ola de indignación y exigencias de justicia por parte de los consejeros regionales, quienes no han dudado en señalar la gravedad de los hechos y la necesidad de acciones ejemplarizantes.

Una ventaja ilícita

El core Rodolfo Arecheta subraya la seriedad de lo ocurrido, afirmando que “el uso de recursos del Gobierno Regional para la campaña a reelección de Jorge Flies está prohibido” y que esto es “sumamente grave, porque su utilización le dio una ventaja ilícita por sobre sus competidores en la elección, lo que distorsiona y empaña el proceso eleccionario y la democracia misma”.

Arecheta lamentó que la Contraloría no haya especificado que el sumario deba recaer directamente sobre el gobernador, a quien considera el “único beneficiado”.

Además, advierte que “sería un escándalo que esto no sea así y que el sumario termine de forma distinta a lo que es usual frente a este tipo de casos”, recordando la facultad del CORE para solicitar la destitución del gobernador en caso de faltas graves a la probidad.

Sanciones ejemplarizantes 

Un enérgico llamado es el que hace la consejera Roxana Gallardo para que “las malas acciones tengan sanciones ejemplarizadoras”, enfatizando la profunda erosión de la fe pública.

Manifiesta su temor de que si “todo este ruido termina en nada”, será “muy difícil reparar todo el daño que se le ha hecho a la fe pública. Se perdió el respeto a las normas y el miedo a las consecuencias de acciones que transgreden lo legal”.

Asimismo, establece una clara y contundente exigencia: “Yo espero que por el bien de nuestro país, pero principalmente por nuestra región, se corrija el rumbo y que caigan los que tienen que caer”.

Respuestas claras

Por su parte, el consejero regional Rodolfo Cárdenas enfatiza que el Gobierno Regional “debe dar respuesta a las observaciones formuladas por la Contraloría, antes de hacer calificaciones”, y que estas respuestas deben reflejar “mejoras necesarias que deben ser adoptadas con eficacia y transparencia”.

Aunque reconoce que algunas observaciones, como el atraso en la evaluación de proyectos, ya están siendo abordadas, critica la percepción de que en lugar de fortalecer la descentralización de los gobiernos regionales, se busca “no entregar las facultades para que las regiones sean más autónomas y eficientes”.

Finalmente, Cárdenas asegura que se “realizará seguimiento a las medidas administrativas que se adopten para que se de respuesta clara a las observaciones formuladas”.

Un patrón de ocultamiento

El consejero regional Robert Weisson Heck no oculta su falta de sorpresa ante los hallazgos de la Contraloría, señalando que “las señales estaban claras desde hace mucho tiempo”.

Apunta a indicios de ocultamiento en la “negativa (del gobernador) a contratar al jefe de la unidad de control” y a “realizar las auditorías externas que el CORE venía solicitando desde hace dos años”. Weisson amplía su crítica, indicando que el “mal uso de los recursos públicos no se limita a financiar la campaña política del gobernador”, sino que también se extiende a la “asignación de cuantiosos recursos a fundaciones de dudoso fin, como ProCultura y la Fundación Hernando de Magallanes”. Cuestiona, además, el “incomprensible financiamiento de proyectos millonarios y perfectamente prescindibles, mientras duermen las soluciones para problemas vitales de la población como los sistemas de aguas servidas”.

Investigación exhaustiva

Finalmente, el core Arturo Díaz demanda claridad y celeridad en la investigación, declarando que “todo indicio de que pudiesen haber irregularidades en la utilización de fondos públicos debe ser investigado de manera exhaustiva y, en caso de haber responsabilidades, se debe responder ante la ley, no sólo en este caso, sino en todos aquellos que están siendo investigados”.

Su expectativa personal es que la “investigación correspondiente se desarrolle en forma rápida para tranquilidad de la ciudadanía”.

Las unánimes y contundentes declaraciones de los consejeros regionales resaltan una profunda preocupación por la integridad de la gestión pública y la transparencia en el uso de los recursos del Gobierno Regional, y establecen una clara expectativa de que las responsabilidades administrativas y legales que se deriven del informe de Contraloría sean debidamente perseguidas y sancionadas.