Cada año, la Contraloría General de la República emite informes que deberían estremecer a cualquier ciudadano con un mínimo sentido de responsabilidad cívica. En sus más recientes entregas, ha dado cuenta de graves irregularidades en el manejo de los recursos públicos: pagos sin respaldo, contratos adjudicados fuera de norma, rendiciones incompletas y compras injustificadas se repiten con alarmante frecuencia en distintas reparticiones del Estado.

Lo más inquietante no es solo la existencia de estas prácticas, sino su reiteración y la aparente cultura de impunidad que las rodea. ¿En qué momento se volvió tolerable que el dinero que debería financiar hospitales, escuelas y programas sociales termine diluyéndose en mecanismos opacos y decisiones cuestionables?

El rol de la Contraloría ha sido fundamental para iluminar estas faltas, pero la fiscalización no basta. Porque cuando los informes duermen en escritorios sin consecuencias, y los funcionarios involucrados solo reciben sanciones simbólicas, se alimenta la sensación de que nadie responde realmente por el desfalco.

Es momento de abandonar la indiferencia. La ciudadanía no solo tiene derecho a exigir transparencia y rendición de cuentas, sino el deber de hacerlo. Recuperar la confianza en lo público requiere de acciones decididas: sanciones ejemplares, inhabilitaciones reales, y una reestructuración ética que empiece desde los liderazgos.

No se trata solo de corregir cifras o subsanar errores administrativos. Se trata de restituir un principio básico: que los bienes públicos pertenecen a todos, y su mala gestión no es una falta técnica, sino una traición política y moral al pacto social. Cada peso mal utilizado representa una oportunidad perdida para mejorar la vida de miles.

Por ello, no basta con señalar a los responsables. Es necesario que los organismos del Estado, junto con una ciudadanía activa y vigilante, transformen la indignación en reformas estructurales. El combate contra el uso indebido de recursos debe ser frontal, sostenido y sin privilegios, si es que aspiramos a reconstruir una administración pública al servicio real de las personas.