La Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado, celebró la reciente aprobación por parte del Senado de la Reforma al Sistema Notarial y Registral. Peutat calificó este hecho como “un histórico paso dentro del sistema de justicia, que redundará en una mejor calidad del servicio y una mayor confianza en nuestras instituciones”. Tras más de seis años de tramitación legislativa, esta ansiada iniciativa, parte de la agenda de modernización del Estado, está ahora a un paso de convertirse en ley.

La autoridad regional destacó que la reforma promoverá una mayor transparencia, eficiencia y modernización del sistema notarial. Entre sus avances clave, se establecen requisitos mínimos para la prestación del servicio y se impulsa la digitalización, garantizando acceso remoto y gratuito a los registros, sitios web informativos y canales de reclamo. Además, se exigirán horarios obligatorios de funcionamiento y estándares mínimos de infraestructura y equipamiento tecnológico, buscando una mejor atención ciudadana en trámites esenciales para la vida cotidiana.

La reforma también fortalece la fiscalización de notarías, archiveros y conservadores a nivel nacional a través de fiscales judiciales, y reconoce la competencia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) para supervisar la calidad del servicio. Se incorporan, asimismo, mecanismos que contribuirán al cumplimiento adecuado de la labor y se fomenta la participación de los usuarios en el proceso de fiscalización.

En cuanto a sus aspectos orgánicos y funcionales, la seremi resaltó la fijación de tarifas máximas para los trámites notariales, las cuales serán determinadas mediante un procedimiento técnico a cargo de los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Hacienda y Economía. La reforma también establece procesos de selección transparentes para los nombramientos a través del Sistema de Alta Dirección Pública, poniendo fin a los cargos vitalicios al limitar el tiempo de ejercicio a los 75 años y prohibiendo las designaciones por vínculos familiares.

Una vez aprobada en el Congreso, la reforma será remitida al Tribunal Constitucional para su control preventivo de constitucionalidad, conforme al procedimiento legislativo vigente, acercándose así a su promulgación como ley.