El jueves 3 de julio el senador Alejandro Kusanovic, el diputado Christian Matheson y los consejeros regionales Rodolfo Arecheta, Roxana Gallardo, José Luis Paredes, Max Salas, Hernán Soto y, Robert Weissohn, presentaron una denuncia ante Contraloría General de la República por las presuntas irregularidades y eventuales delitos en la compra por parte del Gore de una propiedad para ser destinada como Casa de Acogida para el Servicio de Protección Especializada. La denuncia es en contra del gobernador regional Jorge Flies Añón y se fundamenta en posible irregularidad administrativas en la compra por modalidad de trato directo y la posible triangulación de dineros fiscales en la compra posterior de un inmueble con participación en la propiedad de la señora del gobernador. Lo anterior terminó en una querella por injurias y calumnias por parte de Jorge Flies en contra de los parlamentarios y consejeros regionales denunciantes, además del periodista Alejandro Avendaño. Como pretendo poner en contexto y analizar este hecho político, debo declarar que Alejandro Avendaño es mi amigo.

De acuerdo a lo informado en distintos medios de comunicación, hay elementos que generan al menos dudas o suspicacias, tanto en el procedimiento como en la posible triangulación de fondos públicos. La pregunta evidente entonces es ¿qué hace la ciudadanía o mandatarios con facultades fiscalizadoras con este tipo de dudas? Si hay dudas, pero no certezas, lo normal es concurrir a Contraloría General de la República (CGR) para que investigue y se pronuncie frente a los hechos. La CGR es el organismo estatal que fiscaliza el control de legalidad, la probidad y el uso de los fondos y recursos públicos en Chile, por tanto, puede revisar los decretos, contratos, licitaciones y compras realizadas por el gobierno regional.  De esta forma puede pronunciarse sobre faltas administrativas, conflictos de interés o uso irregular de fondos. Frente a la situación en cuestión parece de todo lógico que las autoridades hayan concurrido a la CGR para esclarecer sus dudas.

¿Es un acto que busca desacreditar al Gobernador o es parte de las funciones de las autoridades? Entiendo que para toda autoridad debe haber una sensación de incomodidad cuando se pone en tela de juicio o de plano se cuestionan sus actos administrativos. Sin embargo, es indispensable subrayar que tanto los parlamentarios como los consejeros regionales tienen facultades fiscalizadoras, aunque en distintos ámbitos. En el marco de sus competencias los parlamentarios pueden fiscalizar de manera indirecta la administración de recursos públicos y la ejecución políticas públicas en los gobiernos regionales. Por su parte, es función fundamental de los consejeros regionales la fiscalización de las acciones del gobernador en lo que respecta al uso de los recursos públicos, la implementación de políticas regionales y la rendición de cuentas, evitando los excesos o abusos de poder. Por tanto, de acuerdo a sus facultades legales parece ajustado a derecho su solicitud de pronunciamiento en CGR.

Asignar mala intención a la cobertura de prensa es un acto recurrente en algunas autoridades cuestionadas. Diversos medios cubrieron la denuncia en contraloría, cada uno de acuerdo a su estilo o línea editorial, exponiendo los hechos, informando y analizando el contexto. Los medios de comunicación juegan un rol fundamental en democracia investigando, denunciando e informando posibles actos de corrupción o abuso de poder. He revisado los 5 minutos de comentario de la noticia de Alejandro en radio Soberanía y, a pesar de cierto énfasis de acentuación en algunos aspectos, a mi juicio no encuentro evidencia de injurias o calumnias. Es más, sólo lee las declaraciones de los personeros que presentaron la denuncia, al igual que otros medios. El rol de la prensa es informar y difundir los hechos para que la ciudadanía se forme una opinión con conocimiento y creo que a eso se limitó Alejandro. 

De un tiempo a esta parte hacer una contraquerella es el modus operandi de las autoridades interpeladas o cuestionadas. Sin duda es una acción que intenta restituir el honor del supuesto afectado cuando se argumenta la presencia de injurias o calumnias, pero también puede interpretarse como una estrategia para desacreditar al denunciante o cambiar el foco de interés del conflicto. El ciudadano Jorge Flies tiene el derecho a defender su honra si se siente ofendido, pero el Gobernador tiene el deber de proteger las instituciones y sus funciones, la democracia y sus garantías. El problema hasta ahora es que nadie sabe los argumentos que fundamentan la querella. Verdad y transparencia queremos todos.