La Región de Magallanes se ha pronunciado con un rotundo rechazo transversal ante la denuncia que involucra al director nacional del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry, por el no pago completo de contribuciones de una propiedad no regularizada en la Laguna de Aculeo, Comuna de Paine. 

Diversos actores políticos, gremiales y sociales de la región han expresado su profunda preocupación por lo que consideran una grave falta a la probidad y una bofetada a la ciudadanía que cumple con sus obligaciones tributarias.

La controversia, que salió a la luz a través de un reportaje de 24 Horas de TVN, revela que la propiedad de Etcheberry y su esposa, inscrita inicialmente como un terreno con una vivienda de 213 metros cuadrados, cuenta en realidad con dos edificaciones y una piscina no declaradas ni regularizadas ante la municipalidad. Si bien el avalúo fiscal de la propiedad fue actualizado repentinamente de $158 millones a $338 millones tras la denuncia, el hecho de que esta situación persistiera por nueve años sin regularización ha encendido las alarmas en Magallanes y en el país en general.

Indignación ante el “doble estándar” y la “bofetada” a los contribuyentes

La noticia ha generado una ola de críticas en la región, donde se percibe un claro doble estándar por parte de una autoridad encargada de fiscalizar el cumplimiento tributario de todos los chilenos.

Alejandro Riquelme, candidato a diputado por el Partido Republicano en Magallanes, no dudó en calificar el caso como un ejemplo de la “doble moral de la izquierda”, comparándolo con otras controversias políticas. “Mientras le exige a todos los chilenos el injusto pago de contribuciones, él las evade, al no regularizar su mansión en Paine”, sentenció Riquelme. Para el candidato, las explicaciones de Etcheberry, que atribuyen la responsabilidad al propio SII por no actualizar el catastro, son “simplemente vergonzosas”.

En la misma línea, el ex seremi de Hacienda, el socialista Christian Gallardo, manifestó su indignación, calificando el caso Etcheberry como “una bofetada a las familias que sí pagan”. Gallardo enfatizó la necesidad de una “reforma profunda al sistema de avalúos fiscales”.

“Es inaceptable que el director nacional del Servicio de Impuestos Internos -la institución encargada de fiscalizar a millones de contribuyentes- mantenga una propiedad con un avalúo desactualizado y con contribuciones impagas. Este caso no es menor ni anecdótico: es una bofetada para los adultos mayores, familias de clase media y pequeñas empresas que mes a mes deben hacer esfuerzos enormes para cumplir con sus obligaciones fiscales, enfrentando en muchos casos avalúos elevados y cobros que no se condicen con su realidad económica”, afirmó Gallardo.

El ex seremi socialista criticó la “desconexión brutal” entre la autoridad tributaria y la ciudadanía, y advirtió que este tipo de situaciones “mina la confianza en las instituciones” y “refuerza la percepción de que en Chile el cumplimiento tributario depende del cargo que uno tenga”.

Faltas a la probidad y exigencia de sumario administrativo

La gravedad de los hechos denunciados ha llevado a cuestionamientos sobre la probidad administrativa y la necesidad de acciones concretas.

El ex seremi de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, el DC Christian García, consideró “muy delicado” lo expuesto, sugiriendo incluso que podría tratarse de una “filtración desde el propio SII”. Más allá del origen de la información, García fue enfático en señalar que, de ser cierta, se estaría en presencia de una “falta de probidad administrativa”, según lo estipulado en el artículo 61 del estatuto administrativo.

“Implica una conducta funcionaria moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo, con preeminencia del interés público sobre el privado”, recordó García, aludiendo a la definición de probidad.

En este sentido, el ex seremi fue categórico en su llamado a la acción: “Creo que el SII debe abrir un sumario administrativo en contra del director del SII, obviamente, por el cargo que él detenta, tendrá que ser la Contraloría quien sustente dicho sumario”.

El abogado Juan José Srdanovic sumó su voz a las críticas, expresando que este incidente es “la tónica de este Gobierno: oprimen a la población con impuestos, que no paga la casta política. Es una casta que predica, pero no practica”.

La ley no es igual para todos: una percepción que se arraiga

La sensación de que existen diferencias en la aplicación de la ley para ciudadanos comunes y para las autoridades ha sido uno de los puntos más recurrentes en las declaraciones desde Magallanes.

Adolfo Canales, presidente regional del Colegio de Contadores, calificó de “interesante” el argumento de Etcheberry sobre los nueve años de trámites y la “reactivación” de estos al asumir su cargo. Sin embargo, Canales fue contundente al señalar que “sus argumentos para un fiscalizador serían inaceptables con un contribuyente común y corriente, como usted o yo”.

“Es vergonzoso que una autoridad de tanto prestigio y en una institución tan importante para el país en la recaudación de fondos (...) esté envuelta en esta extraña situación. Sería como, no sé, un juez de la república que asumiera y que tuviese problemas legales, que tuviese temas inconclusos”, manifestó Canales, reflejando su preocupación por el daño a la imagen de las instituciones. “Es triste, pero es un reflejo de lo que pasa en nuestro país y que lamentablemente la ley no es igual para todos.”

Opinión de los parlamentarios magallánicos

El senador Alejandro Kusanovic ha calificado el caso como una muestra del “desorden, la injusticia y la arbitrariedad de este impuesto”. Para Kusanovic, las contribuciones no son un tributo preciso, sino que están sujetas a la interpretación discrecional de los gobiernos de turno, lo que las convierte en un mecanismo para “recaudar impuestos adicionales o implementar reformas tributarias encubiertas”. 

Propone que se eliminen y se reemplacen por un impuesto no arbitrario, como un aumento del uno por ciento en el IVA. La situación del director del SII, según el senador, es “inadmisible y exige una respuesta clara por parte de las autoridades”.

Por su parte, el senador Karim Bianchi fue crítico en el programa “Sin Filtros”, señalando que en este caso hay “un nivel de caradurismo y además de déspota”. Bianchi sospecha que la situación de Etcheberry forma parte de un mecanismo de recaudación más amplio, especialmente ante la no aprobación de la reforma tributaria. Considera que el director del SII está “muy seguro” en su cargo y ve difícil que sea removido, ya que, a su parecer, “es parte de una articulación que se ha dado para que esta recaudación sea efectiva, que han estrujado a la clase media”.

Finalmente, la diputada del Frente Amplio, Javiera Morales, fue categórica al afirmar que el caso le parece “impresentable”. Subrayó que el encargado de cobrar los impuestos “debe dar el ejemplo” y que “no hay excusa que valga”. Lamentó que esta situación “empaña el trabajo que está haciendo el SII en materia de crimen organizado”.

Daño a la institucionalidad y la necesidad de liderazgo transparente

Desde el ámbito gremial, la preocupación se centra en el impacto que este tipo de situaciones genera en la confianza ciudadana y la institucionalidad democrática.

Jaime Jelincic, presidente de la Multigremial de Magallanes, subrayó la importancia de la transparencia en las autoridades públicas. “Cuando uno quiere mostrar que un país es serio, responsable, la verdad que las autoridades tienen que cumplir un rol, especialmente toda la autoría pública, un rol lo más transparente posible”, indicó Jelincic.

Para el líder gremial, “escenarios como esto, la verdad que afectan el orden institucional y dan una sensación de desconfianza con la ciudadanía. Y cuando los ciudadanos cada vez más desconfían de su autoridad y su institucionalidad, la verdad que eso debilita la democracia”.

“Cuando hemos tenido una discusión muy compleja con los incrementos que ha hecho de las contribuciones del servicio de importe interno... Yo tenía una imagen importante, un tipo técnico, el señor Etcheberry que ha trabajado mucho en la estructura pública, tenía una imagen de seriedad. Entonces escenarios y situaciones como esta originan un daño a la institucionalidad y que la verdad que los ciudadanos sienten que como que existieran dos tipos de gente y eso no corresponde”, concluyó Jelincic, instando a una resolución clara y transparente de la situación para restaurar la confianza en las autoridades.

En Magallanes, la exigencia es clara: la probidad y la transparencia no deben ser sólo un lema, sino una práctica ineludible para quienes ostentan cargos de poder, especialmente en instituciones tan vitales como el Servicio de Impuestos Internos.