Históricamente, Punta Arenas ha sido un bastión de tranquilidad en el extremo sur del mundo. A diferencia de otras urbes chilenas, sus calles solían ser sinónimo de seguridad, donde los habitantes podían caminar sin miedo y la comunidad se sentía protegida. Sin embargo, en los últimos años, esa realidad ha comenzado a desvanecerse. Los indicadores, y lo que es más importante, la percepción ciudadana, revelan un preocupante aumento de la delincuencia que amenaza con erosionar la identidad de nuestra ciudad.

Las cifras, aunque aún modestas en comparación con el resto del país, no mienten. El informe de homicidios de 2024 mostró un alarmante aumento en la región, una tendencia que el propio alcalde ha calificado de “gran preocupación”. Delitos de mayor connotación social, como los robos con intimidación y los hurtos, se han vuelto más comunes. A esto se suma la proliferación de incivilidades, como el consumo de alcohol en la vía pública, que actúan como antesala de delitos más graves. La ciudadanía, consciente de este cambio, exige mayor presencia policial y medidas más contundentes para recuperar la paz.

El problema es multifactorial y exige una respuesta integral. No basta con aumentar el patrullaje, aunque es una medida urgente y necesaria. La falta de una figura clave como un coordinador de seguridad pública con atribuciones operativas es un vacío que limita la capacidad del municipio para actuar de manera efectiva. A esto se suma la sensación de impunidad que a menudo acompaña la detención de delincuentes, lo que genera frustración y desconfianza en el sistema judicial.

Ante este complejo escenario, la solución no puede recaer sólo en las policías. Es indispensable una acción coordinada entre los distintos niveles de gobierno, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito con programas como “Somos Barrio”, hasta el trabajo de la Fiscalía y el municipio. El plan de seguridad de 2023 priorizó la violencia intrafamiliar y el abuso sexual, pero hoy se requiere una estrategia que aborde el aumento de los delitos en la vía pública con un enfoque en la prevención situacional.

Punta Arenas no puede permitirse el lujo de convertirse en una ciudad más. La seguridad no es un bien transable, es un derecho fundamental. Debemos trabajar juntos, desde las autoridades hasta el último vecino, para recuperar la tranquilidad que siempre nos caracterizó. No se trata solo de bajar las cifras de la delincuencia, sino de recuperar la confianza, de volver a sentir que nuestras calles son un refugio y no una amenaza. El desafío es enorme, pero el futuro de nuestra ciudad depende de que lo enfrentemos con decisión y con el compromiso de todos.