Tras el fin del Crédito con Aval del Estado (CAE) como mecanismo de financiamiento para la educación superior, el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) ha expresado su inquietud respecto de esto, ya que podrían tener un impacto negativo en la matrícula de las universidades, especialmente para aquellas con menor capacidad financiera.

Desde la Universidad de Magallanes, una de las treinta instituciones que forman parte de este cuerpo colegiado, observan como algo auspicioso el fin del CAE, considerando que según sus simulaciones “no estaríamos perjudicados, digamos. O sea, bajo esa perspectiva, eso sería algo positivo”, dijo su rector, José Maripani. En general agregó que existe un consenso por parte del Cruch para que este sistema “no deseable” no debe continuar.

En donde también existe un acuerdo más generalizado es en el modificar el método de financiamiento, su alcance y que exista mayor rigurosidad. Por ejemplo, la gratuidad alcanza hasta el séptimo decil y para esto los postulantes buscan acreditar su estado socioeconómico más bajo.

Junto con lo anterior, la crítica está focalizado en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), ya que no considera los ingresos adicionales por zona que reciben los trabajadores de servicios públicos en regiones extremas, como es el caso de Magallanes. En la casa de estudios magallánica, la gratuidad cubre un 60 por ciento al financiamiento de sus estudiantes.

Maripani expone el caso de un funcionario que gana $900.000 en una zona extrema, gracias a los ingresos adicionales, puede quedar fuera del beneficio de gratuidad, a pesar de que el mismo funcionario en otra región del país sí lo obtendría. Esta falta de reconocimiento de los ingresos por zona en el FUAS se considera una injusticia y podría estar limitando el acceso a la gratuidad para muchas familias.

“Entonces, si ahora en este proyecto solamente tuviésemos el décimo decil, mucha gente que está en el décimo va a buscar mecanismos para pasar al nueve. O sea, se va a licuar el décimo y nos vamos a quedar sin nadie que quiera o que esté dispuesto a pagar (…), porque finalmente va a haber un grupo que busca mecanismos para no estar en el decil que le correspondería estar”, subrayó.

La condonación del CAE significaría para el Estado una pérdida de entre 2 mil y 4 mil millones de dólares.