Siete empresas procesadoras de centolla en la Región de Magallanes y ocho de sus ejecutivos fueron acusados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de haberse coludido por casi una década para fijar el precio de compra de este recurso marino, afectando directamente a los pescadores artesanales que dependen de su extracción.

La denuncia, presentada ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), no sólo parece revelar una grave colusión a nivel regional (y nacional), sino que también pone en evidencia las dificultades que enfrentan los pequeños productores cuando se enfrentan a grandes actores de mercado.

Según la FNE, entre 2012 y 2021 las empresas Elaboradora de Alimentos Porvenir, International Seafood, Pesquera Cabo Froward, Productos Marinos Puerto Williams, Proyecta Corp, Sociedad Pesquera Bahía Chilota y Bakkavör mantuvieron contactos constantes -en muelles, ferias internacionales, por correo electrónico, llamadas y mensajes de WhatsApp- con el fin de coordinar el precio al que pagarían la centolla viva a los pescadores de la zona.

“Estas empresas, al inicio de cada temporada de extracción, acordaban un precio base más bajo del que se habría dado en condiciones de libre competencia y luego contenían o retrasaban las alzas durante los meses siguientes”, señala el requerimiento. La temporada de captura del recurso va de julio a noviembre de cada año, y en ese periodo los precios suelen fluctuar por la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, se indica que el propósito era eliminar esa incertidumbre y maximizar los márgenes, a costa de los pescadores artesanales.

El control casi total del mercado

El requerimiento, indica que entre 2017 y 2021 las empresas coludidas concentraron entre el 81% y el 88% de las compras de centolla viva en Magallanes. Esto significa que, en la práctica, el mercado estaba capturado, y los pescadores no tenían mayores alternativas a las que vender su producto.

Una vez adquirida la centolla, las empresas la procesaban y exportaban, principalmente a China, Estados Unidos y México, generando ingresos millonarios. Mientras tanto, se expone que los proveedores locales -quienes realizan el trabajo de extracción en condiciones muchas veces adversas- recibían precios artificialmente bajos, muy por debajo de lo que podrían haber obtenido en un entorno competitivo.

Delación compensada y pruebas clave

La investigación de la FNE comenzó en julio de 2020, tras recibir una denuncia. Durante los meses siguientes, se utilizaron herramientas legales como interceptaciones telefónicas, allanamientos e incautaciones en las oficinas de las empresas involucradas, ubicadas en lugares como Porvenir, en plena Región de Magallanes.

Un punto clave en el avance del caso fue la aplicación del beneficio de delación compensada en febrero de 2021 a la empresa Bakkavör y tres de sus ejecutivos, quienes confesaron su participación y aportaron información relevante para probar la existencia del cartel.

Las declaraciones de otros ejecutivos ante la FNE terminaron de confirmar el patrón de comportamiento: reuniones, intercambio de estrategias de precios, validación de cifras entre competidores y una total falta de independencia en la toma de decisiones empresariales.

Qué pide la FNE

En el requerimiento, la Fiscalía Nacional Económica expone que “las empresas requeridas infringieron el artículo 3° incisos primero y segundo letra a) del DL 211, al celebrar y ejecutar un acuerdo o práctica concertada consistente en fijar los precios de compra de la centolla que extraen los pescadores artesanales en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, que tuvo lugar, al menos, durante las temporadas extractivas comprendidas entre los años 2012 y 2021.

En virtud de esta conducta, las Empresas Requeridas intercambiaban información estratégica sobre los precios que pagaban o pagarían por la compra de la centolla, con lo cual podían alinear o influir sus respectivas decisiones comerciales. Este comportamiento permitió a las empresas requeridas coordinar los precios de compra de la materia prima al inicio de la temporada, y retrasar o contener las alzas de tales precios durante el periodo extractivo”.

Como resultado de la investigación, la FNE solicitó al TDLC multas por 62.406 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos US$54 millones (más de $51.000 millones) para las empresas involucradas, y otras 511 UTA (US$445 mil) para los ejecutivos responsables.

“El daño no es sólo económico, sino también social. Los más perjudicados fueron los pescadores artesanales, que vieron afectados sus ingresos durante años, sin saber que los precios estaban siendo manipulados”, señaló el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, al presentar el requerimiento.

Grunberg también destacó que este caso demuestra que la Fiscalía está dispuesta a “llegar a cualquier rincón del país para perseguir las colusiones”, reafirmando el foco en los mercados regionales, muchas veces más vulnerables por la concentración de actores y la menor capacidad de fiscalización.

El origen de la causa

De acuerdo con el escrito de la FNE, con fecha 13 de julio de 2020 dicha Fiscalía recibió una denuncia de un particular que acusaba la existencia de una concertación entre empresas que procesan centolla destinada a fijar los precios de compra de esta materia prima. 

Según el denunciante, dichas empresas habrían determinado, año tras año, y al inicio de cada temporada extractiva, un valor de compra por kilo de centolla, provocando un grave perjuicio económico a los pescadores artesanales dedicados a su extracción. En ejercicio de las facultades dispuestas por el artículo 41 del DL 211, la FNE dispuso la realización de diligencias investigativas destinadas a recabar antecedentes adicionales y corroborar la información aportada con ocasión de la denuncia.

Fue así que con fecha 7 de abril de 2021, la FNE instruyó el inicio de la investigación reservada con el objeto de recabar antecedentes respecto de la existencia de infracciones al artículo 3°, incisos primero y segundo letra a) del DL 211, en “el mercado de extracción, procesamiento y comercialización de centolla (Lithodes antarcticus, Lithodes santolla) y centollón (Paralomis granulosa).

Por lo anterior, en octubre de ese mismo año, la Fiscalía Nacional Económica realizó una serie de allanamientos con la ayuda de la PDI en la Región de Magallanes, incautando computadores, teléfonos celulares y otros dispositivos en las oficinas de empresas sindicadas en la denuncia. Las diligencias obligaron al traslado de peritos a las ciudades de Punta Arenas y Porvenir.

La denuncia de 2020 y el inicio de las diligencias

En uno de los puntos del requerimiento, se señala que “de cara a la temporada del año 2020, debido a la contingencia provocada por la pandemia del Covid-19 y ante la incertidumbre sobre el mercado de exportación, la mayoría de las empresas comenzaron fijando el precio inicial de compra en alrededor de $3.000 puesto en planta, rompiendo la tendencia de fijar dicho precio en un monto igual o superior al precio de inicio de la temporada anterior. 

Junto con generar la denuncia ante esta Fiscalía descrita supra, esta situación provocó que los pescadores artesanales acudieran a medios de prensa local para reclamar y difundir la problemática que los aquejaba”.

Aquella temporada de centolla de 2020 estuvo marcada por la frustración y la desazón de los pescadores artesanales, quienes denunciaban públicamente -tal como lo asegura el requerimiento de la FNE- que el precio pagado por las empresas procesadoras era muy inferior al esperado.

En Porvenir, los artesanales afirmaron que el valor que se les ofrecía rondaba los $5.300 por kilo en el sector de Bahía Chilota, cifra que consideraron insuficiente frente a los altos costos de operación: combustible, insumos, mantenimiento de embarcaciones y pago de mano de obra.

La situación fue tan compleja que algunos optaron por no salir a faenar al inicio de la temporada, estimando que hacerlo implicaría operar con pérdidas. “Con ese precio no se cubren los gastos, no conviene trabajar”, fue una de las frases más recurrentes.

En Última Esperanza, donde la producción anual de centolla llegó a unas 750 toneladas, la situación no fue distinta. Allí, los pescadores señalaron que el precio en zona de pesca rondaba los $5.000 por kilo, muy por debajo de los $9.500 que llegaron a obtener el año anterior.

Los trabajadores del mar explicaron que esta baja en el precio se vinculaba con las consecuencias de la pandemia, especialmente con la disminución de la demanda en mercados asiáticos, principal destino de exportación del crustáceo.

Sin embargo, no era todo. También señalaban que  las empresas solían ofrecer precios bajos al inicio de temporada y que retrasaban deliberadamente las alzas, incluso cuando las condiciones del mercado justificarían aumentos. Esta práctica, dijeron, reducía aún más sus márgenes y generaba un ciclo de inestabilidad económica para quienes dependían exclusivamente de esta actividad.