El Senado enfrentará este lunes una jornada clave para concretar el despacho total de la Ley de Presupuesto 2026, en medio de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. Aunque ya se han aprobado cerca de 18 partidas, aún persisten diferencias relevantes, especialmente en Salud, Vivienda y Seguridad.

Salud: La Brecha de Magallanes y el Rol de Cenabast

La discusión más crítica se concentra en el financiamiento de la Atención Primaria (APS). El presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores (DC), reconoció que aumentar el per cápita está prácticamente descartado en el actual escenario presupuestario.

Flores indicó que están “rasguñando recursos” mediante alternativas indirectas, entre ellas reducir el porcentaje de intermediación que cobra Cenabast a los municipios, con el fin de liberar fondos que puedan reforzar la APS.

En Magallanes, el nudo presupuestario de Salud adquiere una dimensión adicional. La región enfrenta mayores costos de operación, menor disponibilidad de especialistas y una alta dependencia de traslados médicos. Un alivio en el cobro de Cenabast o en la asignación para SAPU rurales tendría efectos directos en los municipios de Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir.

El senador también destacó avances parciales, como el fortalecimiento de los SAPU en zonas rurales y la implementación de una nueva campaña de educación sanitaria para enfrentar el incremento “alarmante” de cáncer colorrectal y gástrico en el sur del país.

Seguridad: Debate y Prioridades Regionales

En paralelo, la discusión sobre Seguridad mantiene altos niveles de tensión. La oposición ha cuestionado lo que denominan un presupuesto “deficitario”. Sin embargo, el senador Gastón Saavedra (PS) calificó como “errónea e irresponsable” la estrategia de la derecha en la Cámara Baja por rechazar partidas claves.

En Magallanes, la región enfrenta desafíos particulares: aislamiento geográfico y delitos asociados al tráfico de sustancias vía fronteras australes. Cualquier ajuste en el presupuesto de Seguridad tiene impacto directo en planes locales, desde cámaras de televigilancia hasta patrullajes preventivos, claves para los gobiernos comunales que buscan mayor autonomía y recursos para enfrentar fenómenos delictuales emergentes.