En una sesión marcada por llamados a la prudencia y conciencia de la gravedad institucional, la Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar la reforma constitucional que busca modificar el sistema de nombramientos de jueces y reestructurar el gobierno judicial en Chile. ?????
Pese a la señal política que implica la aprobación, los senadores adelantaron que el proyecto requerirá un trabajo profundo, técnico y extenso antes de avanzar hacia una redacción definitiva.
La iniciativa refunde dos mensajes presidenciales y seis mociones parlamentarias, dando cuenta de un diagnóstico compartido desde hace casi una década: la necesidad de actualizar el modelo de nombramiento de jueces, reforzar la independencia interna y modernizar la gestión administrativa del Poder Judicial. El debate se aceleró tras el caso audios de 2023-2024, que puso bajo escrutinio la independencia interna y la vulnerabilidad institucional.
El proyecto propone un rediseño profundo del sistema actual. Entre sus ejes destacan:
Consejo de Nombramientos Judiciales: Creación de un órgano encargado de gestionar los procesos de selección de jueces, con énfasis en méritos objetivos y concursos abiertos. Este consejo reemplazaría o reformularía el rol de la Corte Suprema en la elaboración de ternas y quinas.
Ente Autónomo de Administración Judicial: Propuesta de un nuevo órgano responsable de la gestión administrativa y presupuestaria de todos los tribunales del país. Este diseño busca separar las labores jurisdiccionales de las administrativas, una recomendación clave para la independencia judicial.
Nuevas Reglas: Instalación de procedimientos estandarizados, evaluaciones fundadas y criterios orientados al mérito, con mayor trazabilidad y transparencia.
La Comisión escuchó a expertos y autoridades, quienes coincidieron en la necesidad de avanzar, aunque con observaciones técnicas. Las senadoras Paulina Núñez, Luz Ebensperger y el senador Luciano Cruz-Coke señalaron que el texto se encuentra aún en una etapa “muy primaria”, con vacíos por resolver sobre la integración y atribuciones de los nuevos órganos.
Por esta razón, solicitaron un plazo amplio para presentar indicaciones y anunciaron la conformación de una mesa técnica paralela que permitirá recibir insumos de constitucionalistas y gremios del sector.
La iniciativa abre un periodo de audiencias y presentación de indicaciones que podría extenderse por semanas o meses, dependiendo del avance de la mesa técnica y del nivel de acuerdo político que se logre en torno a los puntos más sensibles.