La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó una histórica reforma a la Ley Provincial N° 1.355, la cual regula la actividad acuícola y flexibiliza la explotación de la salmonicultura en el territorio argentino. La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, fue aprobada por una votación estrecha (ocho votos a favor y siete en contra).

La nueva normativa, denominada Ley de Acuicultura Sostenible, marca un giro radical respecto a la legislación de $2021$, que había vetado por completo el cultivo de salmónidos tras intensas campañas ambientalistas.

Un modelo con "zonas de exclusión"

A diferencia de la legislación anterior, esta reforma no permite la actividad en todo el territorio, sino que establece un marco regulatorio diferenciado:

• Zonas Protegidas (Prohibición Absoluta): Se mantiene el veto en el Canal Beagle, el Lago Fagnano y la Laguna Esmeralda, áreas consideradas estratégicas por su valor ecológico y turístico.

• Zonas de Desarrollo: Se podrán otorgar permisos en áreas definidas como "aptas", sujetas a evaluaciones ambientales estrictas y estándares de sustentabilidad, principalmente en el norte de la provincia.

El gobernador Melella defendió la medida como un paso para diversificar la matriz productiva y generar empleo: “Es un momento importante para el futuro productivo de la provincia. Buscamos atraer inversión privada con mayores exigencias de control ambiental e investigación científica”.

Comparación con la industria chilena

El debate reavivó la comparación con la industria del salmón en la Patagonia chilena, la cual es uno de los principales polos productivos mundiales pero ha enfrentado severas críticas por su impacto ambiental.

Los defensores de la ley argentina aseguran que buscan un modelo distinto, con mayores restricciones territoriales para evitar replicar las controversias ocurridas al otro lado de la cordillera. Un objetivo central de la reforma es la soberanía alimentaria y económica: actualmente, Argentina importa más de $5.000$ toneladas anuales de salmón desde Chile, dependencia que se busca reducir con la producción local regulada.

Riesgos y posible judicialización

Pese a su aprobación, la ley enfrenta un escenario complejo:

1. Oposición Política: Sectores advierten posibles vicios de inconstitucionalidad.

2. Impacto Turístico: Gremios del sector temen que la actividad dañe la imagen de "naturaleza prístina" de la isla.

3. Judicialización: No se descarta que organizaciones ambientales presenten recursos ante la justicia para frenar la implementación de la norma.