Una serie de irregularidades dio a conocer ayer la Contraloría General de la República (CGR) tras publicar el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA) N° $1$ de $2025$. El documento sistematiza $62$ auditorías realizadas en áreas críticas como seguridad pública, sistema penitenciario, control de armas y gestión de drogas.

El objetivo del informe es fortalecer la toma de decisiones y el control ciudadano sobre las actuaciones del Estado, exponiendo debilidades estructurales en diversas instituciones.

Colapso en el control penitenciario y tecnológico

Uno de los puntos más críticos identificados corresponde al sistema carcelario, donde se evidenciaron serias fallas en los protocolos de ingreso:

• Ingresos Irregulares: $1.539$ personas con restricción de acceso lograron entrar a recintos penales, y $1.279$ internos recibieron visitas pese a tener prohibición.

• Falsos Abogados: $479$ personas se identificaron como abogados privados sin poder acreditar su profesión.

• Inhibidores Obsoletos: Solo el $12,7\%$ de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal. Sin embargo, estos funcionan mayoritariamente para tecnología $2$G, siendo inútiles contra el estándar actual de $4$G y $5$G. Además, muchos recintos permiten conexión vía Wi-Fi.

Seguridad Pública y Fronteras

En materia de orden público y control fronterizo, la CGR detectó falencias que comprometen la eficacia operativa:

• Vehículos y Cámaras: $25$ vehículos policiales operaban con cámaras dañadas. Además, en más de $145.000$ procedimientos no se verificaron patentes en el sistema unificado.

• Prófugos: Durante fiscalizaciones de tránsito, $144$ personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas.

• Fronteras: Se advirtió la inexistencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados, sumado a la falta de patrullajes de soberanía.

Descontrol en armas y trazabilidad de drogas

El informe expone una preocupante falta de trazabilidad en el armamento y las sustancias incautadas:

• Armas: En la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), se detectó que personas condenadas mantienen armas registradas y existen registros a nombre de personas fallecidas. En la Armada, no existe un sistema informático para la asignación y devolución de armamento.

• Drogas: Las policías registraron demoras de hasta $288$ días para remitir actas de cadena de custodia (el plazo legal es de $24$ horas). También se detectaron diferencias de peso de hasta $32$ kilos entre lo informado y lo registrado.

• Destrucción: Los retrasos para destruir droga alcanzan los $189$ días, incumpliendo largamente el plazo legal de $15$ días.