Un nuevo flanco de crisis golpea al Poder Judicial en el cierre de este 2025. Según informó BioBioChile La ministra de la Corte Suprema, María Cristina Gajardo Harboe, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra tres jefes clave de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), acusándolos de utilizar sus cargos y conocimientos institucionales para realizar negocios privados de consultoría tecnológica a nivel internacional.

La investigación administrativa apunta a Mario Lara Orellana (Jefe de Desarrollo Institucional), Esteban Paiva Jara (Jefe de Modernización) y Pablo Cabezas Fernández (Jefe del Laboratorio de Innovación). Según el sumario, los tres funcionarios habrían ofrecido servicios remunerados a terceros entre 2024 y 2025, vinculados directamente con las funciones que desempeñaban para el Estado chileno.

La sociedad "Innovectio SpA" y el contrato con República Dominicana

El corazón de la denuncia radica en que los funcionarios habrían operado a través de una sociedad comercial denominada Innovectio SpA, de la cual son socios. Mediante esta entidad, habrían:

• Asesorado a la República Dominicana: Exportando conocimientos técnicos obtenidos en el ejercicio de su labor en la justicia chilena.

• Explorado mercados en Argentina y Chile: Ofreciendo servicios similares que entraban en conflicto directo con su probidad administrativa.

• Uso de información privilegiada: La sospecha principal es que habrían transado en el extranjero sistemas o procesos de innovación desarrollados originalmente para la Corte Suprema.

De lo administrativo a lo penal

El caso se originó el pasado 20 de octubre tras una denuncia anónima. Ante la gravedad de los hechos, que involucran a las jefaturas encargadas de la modernización de los tribunales, el Consejo Superior resolvió que fuera una ministra de la Suprema quien liderara el sumario.

Este lunes, la ministra Gajardo remitió los antecedentes al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, estimando que los hechos podrían constituir el delito de negociación incompatible.

La defensa de los funcionarios

A través de una declaración pública, los involucrados negaron haber vulnerado norma alguna y aseguraron que se encuentran realizando sus descargos legales. Asimismo, cuestionaron la filtración del sumario: "Dañan la honra y afectan el principio de inocencia. No hemos vulnerado norma alguna y enfocamos nuestra energía en nuestra defensa", señalaron, apelando al secreto del procedimiento administrativo.

Este caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre la probidad en las altas esferas del Poder Judicial durante este año, tensionando aún más la relación entre la cúpula administrativa y los magistrados de la máxima instancia judicial del país.