En el complejo escenario económico de 2025, la sostenibilidad tributaria se ha convertido en el nuevo eje de la política fiscal chilena. Sin embargo, lo que nació como un esfuerzo por modernizar la recaudación y combatir la informalidad, hoy está bajo la lupa por sus efectos secundarios en el sector productivo.

Para el asesor tributario y ex Seremi de Hacienda de Magallanes, Christian Gallardo Castro, el equilibrio se ha roto. Según el experto, el Servicio de Impuestos Internos (SII) ha intensificado el uso de bloqueos sistémicos, una herramienta que impide a las empresas emitir facturas electrónicas o acceder a su clave tributaria ante cualquier sospecha de irregularidad, incluso antes de que exista una investigación formal.

La factura como rehén

El problema, según Gallardo, no es la fiscalización en sí —la cual califica como necesaria— sino la proporcionalidad de las medidas:

• Sanción anticipada: El bloqueo operativo actúa como una condena previa, impidiendo que la empresa venda o cobre servicios, lo que detiene su flujo de caja de inmediato.

• Efecto en las Pymes: Las pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, ya que un error administrativo o un fraude cometido por un tercero (como el uso de facturas falsas en su contra) puede derivar en un bloqueo que "congela" su existencia comercial.

• Presunción de mala fe: El sistema actual tiende a tratar al contribuyente bajo sospecha desde el primer indicio, rompiendo el principio de inocencia y afectando la confianza necesaria para la inversión.

Un llamado a la racionalidad fiscal

"La recaudación no puede lograrse a costa de detener la máquina productiva", sostiene Gallardo. El consultor enfatiza que, si bien la Ley de Cumplimiento Tributario (Ley 21.713) ha entregado nuevas facultades al Estado, estas deben ser ejercidas sin romper la cadena de pagos.