La crisis de perros en las calles de Punta Arenas ha escalado de un problema de bienestar animal a una emergencia de seguridad y salud pública. Tras un año de sequía en financiamiento regional para este ítem, la diputada Javiera Morales, junto a los concejales José “Pepe” Becerra y Jonathan Cárcamo, anunciaron la llegada de 41 millones de pesos desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) para retomar los operativos de esterilización.
La noticia llega en un momento crítico: las estadísticas de Salud Pública revelan que las mordeduras y ataques en la vía pública han aumentado un 20% respecto al año anterior, evidenciando el fracaso de las políticas de tenencia responsable en la zona.
El concejal José Becerra puso sobre la mesa cifras que explican el temor de los vecinos al transitar por ciertos barrios:
Población en calle: Se estima que 13.000 perros deambulan por Punta Arenas.
Perros asilvestrados/sin dueño: Cerca de 4.000 animales no tienen dueño conocido ni refugio.
Denuncias: El municipio procesa entre 4 y 5 casos diarios por maltrato animal o mala tenencia.
Salud: El aumento del 20% en mordeduras afecta principalmente a niños y adultos mayores.
La diputada Morales fue tajante al señalar que durante el 2025 ningún municipio de la región contó con fondos del Gobierno Regional (GORE) para este fin. "Solicitamos que estos recursos de Subdere se liciten pronto y que el GORE se involucre para llevar estos programas también a Natales y Porvenir", enfatizó la parlamentaria.
Por su parte, el concejal Jonathan Cárcamo, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, propuso ir más allá de la cirugía: la creación de una unidad de investigación animal dentro de las policías. Cárcamo alertó sobre una realidad oscura en la ciudad: la existencia de criaderos ilegales y peleas de perros, donde se lucra con la agresividad de animales que luego terminan abandonados y fuera de control en las plazas y calles.
Para las autoridades, la estrategia para el 2026 debe ser triple:
Esterilización masiva: Retomar el ritmo de cirugías para frenar el crecimiento de la población.
Fiscalización policial: Perseguir penalmente a quienes lucran con criaderos ilegales y peleas.
Responsabilidad ciudadana: Aplicar con rigor la Ley de Tenencia Responsable para sancionar el abandono.