En un paso decisivo hacia la estandarización de la convivencia escolar en Chile, la Superintendencia de Educación emitió un dictamen que extiende la aplicación de la Ley Aula Segura a los establecimientos particulares pagados. La medida busca terminar con la discrecionalidad de los reglamentos internos y asegurar que los hechos de violencia grave sean tratados bajo un mismo marco legal, sin importar la dependencia del colegio.

Hasta la fecha, los colegios particulares se regían por un dictamen del año 2020 que les permitía suspender alumnos de forma provisional basándose únicamente en sus manuales propios. Con esta actualización, todos los establecimientos del país —públicos, subvencionados y privados— quedan bajo la misma vara reglamentaria.

Equidad en el derecho a la educación

La superintendenta de Educación, Loreto Orellana, enfatizó que esta medida responde a un principio de igualdad ante la ley. "El derecho a la educación es igual para todos, independiente de la calidad administrativa del establecimiento. Nuestro deber es resguardar ese derecho en todos los casos", afirmó la autoridad.

¿Qué cambia para los colegios particulares?

• Procedimiento Único: Al suspender a un estudiante por faltas graves de violencia, deberán aplicar íntegramente los pasos de Aula Segura.

• Garantías Legales: Se debe asegurar el derecho a la defensa del alumno y respetar los plazos definidos por ley para las resoluciones.

• Plazo de Adecuación: Los colegios tienen un margen de 90 días para actualizar sus reglamentos internos y ajustarlos a la normativa nacional.

Fortalecimiento de la dirección escolar

El diputado Arturo Barrios (PS) valoró la medida, señalando que esto permite combatir el prejuicio de que la violencia es exclusiva del sector público. "Esta medida unifica criterios y fortalece las facultades de los directores, permitiendo sanciones rápidas y efectivas dentro de un marco legal común", sostuvo el parlamentario.

Desde la Superintendencia recalcaron que la violencia escolar es una problemática transversal. Al integrar a los colegios particulares a Aula Segura, se busca no solo sancionar de forma más ágil, sino también proteger a las comunidades educativas de agresiones que afecten el normal desarrollo de las clases, garantizando que el debido proceso sea igualitario para un estudiante de un liceo público como para uno de un colegio de élite.