La reciente absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica ha reabierto el análisis sobre la trastienda legislativa de la Ley Naín-Retamal. Diversos reportajes han identificado al senador Alejandro Kusanovic (RN) como un actor decisivo en la redacción final de la norma, cuyas indicaciones resultaron fundamentales para el estándar de responsabilidad penal que hoy aplican los tribunales de justicia.

Durante la negociación en el Senado, Kusanovic, como integrante de la Comisión de Seguridad Pública, impulsó modificaciones que cambiaron el enfoque original del proyecto. Una de las indicaciones clave estableció que los superiores jerárquicos quedan exentos de responsabilidad penal, a menos que se acredite que consintieron a sabiendas u ordenaron expresamente un ilícito, otorgando así mayor certeza jurídica al mando policial.

Otro cambio sustantivo fue la modificación del delito de apremios ilegítimos, donde se incorporó la referencia al actuar conforme a los “reglamentos respectivos”. Esta frase fue citada explícitamente en el razonamiento del tribunal que absolvió a Crespo, abriendo un espacio interpretativo donde la responsabilidad penal puede verse descartada si la actuación se ajusta a los protocolos internos de la institución.

El impacto de estos cambios ha generado fisuras en el oficialismo. Mientras el Partido Comunista y el Frente Amplio acusan que la ley facilita la impunidad, el Presidente Gabriel Boric ha intentado marcar distancia de la normativa. No obstante, el Socialismo Democrático ha tomado una postura más pragmática, dejando aislada al ala más intransigente del gobierno que actúa como oposición a una ley promulgada bajo su propia gestión.

Al respecto, el senador Kusanovic defendió el espíritu de la norma: “Con la Ley Naín-Retamal marcamos un hito en la defensa de nuestras policías y el fin de la impunidad. Sin embargo, vemos que el PC y FA siguen desacreditando la autoridad y legitimando la violencia desde su trinchera ideológica, no desde el Derecho”.

Analistas jurídicos coinciden en que el caso Crespo sienta un precedente. La redacción de la ley facilita defensas basadas en la legítima defensa privilegiada y el cumplimiento de reglamentos, una tendencia que podría repetirse en causas similares contra funcionarios policiales.