La absolución de Claudio Crespo, único imputado por las lesiones que cegaron a Gustavo Gatica, ha desatado una tormenta institucional que escala hasta la máxima instancia de los jueces en el país. Tras los dichos del Presidente Boric, quien manifestó su "tristeza" y "desconcierto" ante el fallo, la Asociación de Magistradas y Magistrados de Chile emitió un duro comunicado defendiendo la autonomía de los tribunales.
Para el gremio, que el jefe de Estado cuestione una decisión jurisdiccional fuera de los canales legales (como las apelaciones) constituye una presión indebida que golpea el corazón del Estado de Derecho y la separación de poderes.
El conflicto ha puesto en vereda opuesta la valoración política del Ejecutivo frente al rigor procedimental del Poder Judicial:
Justicia no es política: La Asociación de Magistrados fue tajante: "La justicia no constituye una noción subjetiva ni una valoración política, sino el resultado de procedimientos establecidos por la Constitución".
Debilitamiento institucional: Advirtieron que las críticas presidenciales solo logran minar la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, sugiriendo que las sentencias deberían responder a expectativas sociales y no a las pruebas presentadas.
Habló Claudio Crespo: El exteniente coronel también rompió el silencio, señalando que el Presidente está "tremendamente equivocado". Crespo defendió el fallo unánime y lanzó dardos contra la Fiscalía: "Acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo... los fiscales buscaron una condena, no la verdad".
La controversia ocurre en un momento sensible para el Gobierno, que busca reimpulsar su agenda de seguridad mientras mantiene su compromiso con los Derechos Humanos. Sin embargo, la reacción corporativa de los jueces y la petición de la oposición ante la Corte Suprema dejan al Ejecutivo en una posición incómoda, arriesgando un nuevo reproche formal del máximo tribunal, similar al ocurrido durante el caso de los indultos en 2023.