El renovado interés del presidente estadounidense Donald Trump por Groenlandia no responde a un capricho geopolítico, sino a un cálculo económico de alto impacto. Este territorio de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, cubierto en su mayoría por hielo, esconde en su subsuelo un tesoro de materias primas que son la columna vertebral de la economía moderna: hierro, grafito, tungsteno, uranio, oro y, por sobre todo, tierras raras.
Estos 17 elementos químicos son indispensables para la fabricación de teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y sistemas de defensa avanzada. Actualmente, el mercado global está dominado por China, lo que convierte a Groenlandia en la pieza maestra para que EE. UU. logre su independencia tecnológica.
El epicentro de esta disputa minera se encuentra en el sur de la isla, específicamente en el yacimiento de Kringlerne, cerca de la ciudad de Qaqortoq. Este depósito es considerado uno de los más grandes del mundo en tierras raras y ha sido el foco de atención de la Casa Blanca desde 2019.
-Inversión Estadounidense: En junio de 2025, la empresa Critical Metals recibió una oferta de financiamiento por US$120 millones del Export-Import Bank de EE. UU. para iniciar la explotación minera.
-Soberanía de Recursos: De concretarse, sería la primera gran inversión minera bajo el sello de la administración Trump, consolidando la presencia norteamericana en un territorio que administrativamente pertenece a Dinamarca pero goza de autonomía sobre sus recursos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que la isla posee al menos 1,5 millones de toneladas de estos minerales. Por su parte, la Unión Europea también ha puesto sus ojos en la región, identificando 25 de las 34 materias primas críticas para su transición energética en suelo groenlandés.
No todo es facilidad para la minería en el Ártico. El caso del yacimiento de Kuannersuit es un recordatorio de las dificultades: el proyecto, que prometía ser el mayor productor occidental de tierras raras, terminó en una millonaria disputa judicial entre empresas australianas y el gobierno local debido al rechazo ciudadano por el impacto ambiental y la posible extracción de uranio.
La administración de Trump enfrenta el desafío de equilibrar su agresiva política de extracción con un gobierno groenlandés que, si bien busca la independencia económica de Dinamarca, es altamente protector de su frágil ecosistema.