El Gobierno Regional (GORE) Metropolitano sufrió un duro golpe judicial que compromete su patrimonio. El Quinto Juzgado Civil de Santiago emitió dos mandamientos de ejecución y embargo contra el organismo por una deuda que asciende a $290 millones, derivada de tres facturas emitidas por la sociedad Gopa Soluciones SpA.

La trama, que el propio GORE denunció como un "megafraude" de más de $6.500 millones entre 2024 y 2025, entró en una fase crítica. Aunque el organismo nunca recibió los servicios descritos en las facturas —como supuestos estados de pago para un "Salón Bulnes" o un "Cesfam Urzúa"—, el sistema interno del GORE permitió que los documentos fueran visados y aceptados, lo que facultó a Gopa para venderlos a empresas de factoring, en este caso a Boreal Servicios Financieros S.A.

El portazo de la justicia a la defensa del GORE

La defensa del Gobierno Regional, liderada por el abogado Marcelo Segura, intentó impugnar el cobro argumentando "falsedad ideológica", asegurando que los proyectos eran inexistentes. Sin embargo, la jueza Giselle Sorhaburu rechazó las alegaciones basándose en dos puntos clave de la ley comercial:

1. Improcedencia de la impugnación: En la etapa preparatoria solo se puede alegar falsificación material (adulteración física del papel), no ideológica (que el contenido sea mentira).

2. Aceptación irrevocable: El GORE no realizó las objeciones correspondientes ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el plazo legal, por lo que las facturas se consideran aceptadas para todos los efectos legales.

Responsabilidades y flancos políticos

El caso mantiene en el ojo del huracán al exanalista Carlos Basaletti, acusado de aceptar un total de 61 facturas fraudulentas. Basaletti, quien mantiene una demanda laboral contra el GORE, asegura que solo visó documentos que contaban con la autorización de sus jefaturas.

Este escándalo, denominado "Caso Gopa", también ha llegado al Tricel, donde se utiliza como argumento para el requerimiento de destitución contra el gobernador Claudio Orrego por "notable abandono de deberes". Mientras la defensa de Orrego sostiene que se actuó de inmediato al detectar el fraude, la jefa de la Unidad de Control del GORE, Luz Núñez, reconoció ante el tribunal que existía una "debilidad en el sistema" que permitió que las facturas no pasaran por las alertas de control al no salir directamente a pago.