La industria turística de la Región de Magallanes ha encendido las alarmas ante lo que consideran una amenaza directa a su sostenibilidad. Tres de los gremios más importantes del sector —HYST, Austro Chile y Catue— denunciaron públicamente la presencia de embarcaciones de bandera extranjera realizando operaciones comerciales en rutas estratégicas como Puerto Natales, los fiordos de Tierra del Fuego y el Canal Beagle, vulnerando presuntamente la Ley de Cabotaje marítimo.

Según las organizaciones, no se trata solo de un incumplimiento de transporte; los antecedentes recopilados sugieren una red de irregularidades que abarcaría ámbitos tributarios, aduaneros, laborales y ambientales. La mayor preocupación radica en que estas operaciones se realizan sin una base comercial formal en Chile, lo que permite a estos actores evadir las exigencias que las empresas nacionales deben cumplir estrictamente.

Competencia desigual y riesgo regional

La gerente de HYST, Sara Adema Yusta, enfatizó que la falta de fiscalización efectiva pone en jaque el equilibrio de la industria. "Nos preocupa profundamente que se estén generando situaciones que podrían vulnerar una normativa clave para el resguardo de nuestra industria", señaló, haciendo un llamado a asegurar que el desarrollo del sector sea equitativo.

Desde Austro Chile, su gerente Daniela Rodríguez fue tajante al exigir reglas claras: "Hoy más que nunca se requiere una acción decidida por parte de las autoridades. Necesitamos que las reglas se hagan cumplir con urgencia para evitar una competencia desleal que afecta al turismo marítimo regional".

El impacto en las familias magallánicas

Para Adriana Aguilar, gerente de Catue, la vulneración de la normativa no es un tema solo de empresas, sino de personas. "Cuando se produce competencia desigual, se afecta directamente a emprendedores, trabajadores y familias que viven del turismo", explicó, subrayando que las empresas locales cumplen con altas exigencias sanitarias, ambientales y laborales que los operadores irregulares estarían ignorando.

Los gremios concluyeron solicitando una fiscalización interagencial —que involucre a la Armada, Aduanas, el SII y la Inspección del Trabajo— para garantizar que las aguas australes no se conviertan en una "zona liberada" para el comercio informal transnacional.