La diputada Javiera Morales advirtió sobre la crítica situación que enfrenta la región de Magallanes en materia de salud, luego de que el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo revelara que la zona lidera el país en retrasos de atención de patologías GES.

Según el informe, se estiman cerca de 400 atenciones pendientes en enfermedades oncológicas en la región. A nivel nacional, más del 60% de los incumplimientos corresponden a diagnósticos, lo que implica que miles de pacientes aún no saben con certeza qué tipo de cáncer padecen ni en qué etapa se encuentra su enfermedad.

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Ante este escenario, Morales afirmó que la situación “no es un hecho aislado, sino que responde al deterioro del sistema público de salud sostenido durante años”, agregando que “no se resuelve con recortes presupuestarios, sino todo lo contrario, con recursos permanentes”.

En esa línea, la parlamentaria enfatizó que “se requiere inversión sostenida en infraestructura, equipamiento y formación de especialistas para abordar con seriedad los casos de cáncer en Magallanes y el país, con principal énfasis en las regiones que tienen menor acceso”.

Asimismo, cuestionó las medidas adoptadas hasta ahora, señalando que “este déficit no se puede resolver declarando una alerta sanitaria oncológica por 90 días, mediante la compra de prestaciones al sector privado, sino que requiere de recursos públicos de forma continua para fortalecer los hospitales y centros de salud. No se necesitan más eslóganes, se necesita inversión”.

El documento también recuerda que el cáncer es, desde 2019, la principal causa de muerte en Chile, con cerca de 30 mil fallecimientos al año. En este contexto, las brechas territoriales agravan la crisis, ya que la concentración de especialistas en la Región Metropolitana y en el sector privado genera desigualdad en el acceso a tratamientos.

Finalmente, se solicita al Ejecutivo garantizar que el ajuste fiscal no afectará los recursos destinados a la atención oncológica, informar al Congreso en un plazo máximo de cinco días el impacto presupuestario en salud, y presentar en 60 días un plan de financiamiento permanente que permita aumentar la capacidad de quimioterapia y radioterapia, junto con reducir las desigualdades territoriales.