La tramitación del Plan de Reconstrucción ha generado un complejo ajedrez de intereses técnicos y gremiales. La propuesta busca dinamizar una economía estancada mediante una fuerte reducción de la carga tributaria y beneficios directos al consumo, aunque no todos los sectores coinciden en el costo social de estas medidas.
Incentivo a la inversión y el empleo Uno de los pilares del proyecto es la reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23%. Para Cristóbal Gamboni, director de Políticas Públicas de la CPC, esta medida es fundamental para recuperar la competitividad internacional de Chile. Según los modelos presentados por el gremio, este ajuste permitiría la creación de hasta 210.000 nuevos empleos, aliviando la carga sobre las empresas y fomentando la reinversión de utilidades.
El mercado inmobiliario y la exención del IVA El plan también contempla la exención del IVA por un año para la compra de viviendas nuevas. No obstante, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) llamó a la cautela. Orlando Sillano, vicepresidente del gremio, aclaró que los compradores no deben esperar una caída automática del 19% en los precios, ya que el valor final está condicionado por los costos de los terrenos y los créditos fiscales que las constructoras ya han acumulado.
Alarma en el sector capacitación El punto más álgido de la sesión ocurrió con la participación de los organismos técnicos de capacitación. Estos advirtieron que el fin de la franquicia tributaria de Sence —contemplado en el proyecto— sería un golpe mortal para la formación laboral.
Impacto en Pymes: Se estima que hasta 100.000 pequeñas y medianas empresas podrían cerrar.
Pérdida de puestos de trabajo: Los gremios proyectan la destrucción de 30.000 empleos directos y 80.000 indirectos.
Cuestionamiento técnico: María Cecilia Reinoso, de la Alianza Mujeres en la Capacitación, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a revisar los datos del proyecto, acusando que la decisión carece de un respaldo técnico serio y actualizado.