El exministro Carlos Montes acudió al Congreso con un objetivo claro: desmitificar las interpretaciones políticas sobre el Informe N° 421 de la Contraloría General de la República. Según Montes, las afirmaciones sobre supuestos sobrepagos en la compra de terrenos carecen de sustento técnico y no figuran en el documento del órgano contralor.

Observaciones de gestión, no delitos Durante su intervención, Montes fue enfático en separar las faltas administrativas de los actos ilícitos. "Interpretar sobreprecio es como decir que el Estado está en quiebra: no es verdad. La Contraloría lo que hizo fue plantear observaciones de mejora de gestión y procedimientos en una política nueva y compleja", señaló ante los senadores.

En esa línea, el exsecretario de Estado detalló que:

• Sin perjuicio fiscal: La Contraloría no estableció que el Estado haya pagado más de lo debido ni que existiera un daño al patrimonio público.

• Fortalecimiento del sistema: Montes argumentó que, bajo el amparo de la Ley 21.450, la gestión de suelos se ha profesionalizado y fortalecido con nuevos instrumentos técnicos.

• Prevención de riesgos: Las observaciones del informe apuntan a corregir debilidades en los procesos de adquisición para evitar riesgos futuros, calificándolas como "insuficiencias procedimentales" propias de una política de largo plazo.

El fantasma de la Acusación Constitucional La asistencia de Montes no fue casual. El oficialismo ha barajado la posibilidad de presentar una acusación constitucional en su contra, utilizando como base los hallazgos de Contraloría. Para el exministro, este movimiento carece de base real: "No hay lo que se dice que hay", sentenció, instando a los legisladores a leer el informe sin sesgos políticos.

La sesión concluyó con la reiteración de Montes sobre la transparencia de los actos administrativos realizados durante su gestión para enfrentar el déficit habitacional del país.