El anuncio del ministro Louis de Grange y la subsecretaria Romina Garrido sobre la intervención en 319 comunas del país fue recibido con escepticismo en el Concejo Municipal de Punta Arenas. Para el concejal Germán Flores, el problema no es la falta de normativa, sino la "nula voluntad" de las operadoras que operan en la zona austral.

Cronología de un incumplimiento

Según Flores, la lucha contra los cables en desuso en la ciudad tiene hitos marcados por la evasión empresarial:

• 2017-2019: El municipio presentó cuadrantes prioritarios para el retiro. La respuesta de las empresas fue que, al ser fin de año, no contaban con presupuesto.

• 2020-2023: El argumento cambió hacia la falta de un reglamento específico. Sin embargo, dicha normativa entró en vigencia en septiembre de 2025, y Flores asegura que "la situación prácticamente no ha cambiado".

• Contraste con Temuco: Una delegación municipal viajó recientemente a la Región de la Araucanía, donde constataron que las empresas sí retiran el cableado sin necesidad de multas. "En Magallanes simplemente se ha estado infringiendo la ley", sentenció el edil.

El ambicioso Plan Nacional

El Plan de Ordenamiento y Retiro de Cables 2026 contempla un despliegue sin precedentes en las 16 regiones de Chile. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, definió este hito como "la mayor operación de infraestructura digital del país", con la meta de limpiar 66 mil puntos críticos.

En Punta Arenas, la acumulación de cables no es solo un problema estético; representa un riesgo de seguridad ante las fuertes rachas de viento características de la zona, que a menudo provocan el desprendimiento de estas líneas en desuso sobre peatones y vehículos. Con el reglamento ya operativo y un plan nacional en marcha, la municipalidad espera que las empresas dejen de "mirar para el lado" y asuman el costo de limpiar la infraestructura que han abandonado por años.