Por 105 votos a favor y 45 en contra, la Cámara de diputados despachó a ley el proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para las diversas comunidades educativas del país. La iniciativa está estructurada sobre la base de distintas medidas para enfrentar los hechos de violencia que se cometen al interior de los establecimientos.

Entre las atribuciones más importantes que otorga la normativa será la suspensión el derecho de ingreso a los establecimientos a padres o apoderados que hayan agredido física o verbalmente, o por medios digitales, a un funcionario del plantel o a un estudiante. Como consecuencia, los adultos condenados por delitos cometidos por este índole, tendrán prohibición de celebrar contratos con el Estado por 3 años. 

Por otra parte, permite a los sostenedores incorporar en sus reglamentos internos medidas como revisar mochilas, bolsos, excluidas sus vestimentas.
De encontrarse elementos que pudiesen ser peligrosos, se deberá comunicar de manera inmediata a los padres y apoderados del estudiante, también a las policías

En caso de negativa del escolar a la revisión, será el adulto responsable quien deberán retirar las pertenencias del establecimiento y el sostenedor deberá informar a la Oficina Local de la Niñez.

Finalmente, establece que no podrán ser beneficiarios de la Gratuidad estudiantil, aquellos jóvenes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física o la indemnidad sexual de las personas o contra la propiedad, pública o privada.