Un importante procedimiento de control fronterizo y seguridad económica desplegaron los funcionarios de la Dirección Regional de la Aduana de Punta Arenas en el extremo norte de la región. Durante una fiscalización de rutina en el complejo fronterizo Integración Austral (Monte Aymond), los equipos inspectores detectaron y decomisaron un pozo total de US$20.000 dólares en efectivo (unos 18 millones de pesos chilenos) que un ciudadano intentaba internar de forma clandestina al territorio nacional.

La retención del dinero y la posterior detención del transportista se gestaron debido a la estricta infracción de la Ley de Ordenanza de Aduanas y los protocolos de control financiero internacional, normativas diseñadas expresamente para mitigar los riesgos asociados al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado transfronterizo.

Cambió su versión tres veces ante los fiscalizadores

La contingencia comenzó a perfilarse cuando las cuadrillas de Aduanas procedieron a realizar el control físico de los vehículos particulares y de carga que retornaban al país desde el sector argentino.

Al momento de realizar la entrevista de rigor al conductor de uno de los automóviles, el sujeto aseguró de forma categórica que no portaba mercancías ni valores de ningún tipo, ratificando su testimonio mediante la rúbrica de la Declaración Jurada Conjunta de ingreso a Chile, documento donde se estipula explícitamente la obligatoriedad de dar cuenta de cualquier divisa que iguale o supere el umbral de los US$10.000 dólares o su equivalente en otras monedas.

Sin embargo, el lenguaje corporal del conductor levantó las sospechas de los fiscalizadores, quienes decidieron profundizar la inspección del habitáculo:

• El Hallazgo: Al registrar el asiento del copiloto, los aduaneros descubrieron una mochila de uso personal que contenía gruesos fajos de billetes ocultos entre las pertenencias.

• Primera Coartada: Al verse descubierto, el viajero intentó bajarle el perfil a la situación asegurando que el fajo solo correspondía a US$7.000 dólares, una cifra exenta de declaración obligatoria.

• Segunda Coartada: Ante las preguntas técnicas de los fiscalizadores, el hombre se contradijo y modificó su versión en el mismo minuto, afirmando que en realidad portaba US$10.000 dólares justos.

Frente a las inconsistencias, el personal de Aduanas procedió al conteo físico y digital de los valores en la oficina de control, constatando que el imputado ocultaba un total de US$20.000 dólares, todos distribuidos en papel moneda de la denominación de 100 dólares.

Flagrancia por delito de contrabando de dinero

Al tratarse de una omisión maliciosa y un ocultamiento de divisas que duplica el máximo permitido por ley para el libre tránsito, el fiscal de turno del Ministerio Público instruyó el decomiso inmediato y total de los US$20 mil dólares, ordenando además que el dinero sea resguardado bajo estrictas cadenas de custodia bancaria.

El conductor fue detenido bajo cargos flagrantes de infracción al artículo 168 de la Ordenanza de Aduanas. Los fajos de billetes y el imputado fueron entregados a las patrullas de Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond para el inicio del correspondiente procedimiento penal de formalización.

El director regional de la Aduana de Punta Arenas, Reinhold Andronoff, realzó el impacto de estos decomisos fronterizos para la seguridad interna de la Patagonia:

“Dentro de los múltiples roles que tenemos como institución pública, este es uno de los más relevantes. Nuestra legislación es muy estricta respecto a los montos de dinero en efectivo que las personas pueden traer consigo al llegar a territorio chileno, y la razón es porque nos da un mejor panorama de la ruta del dinero y así seguir y cortar los circuitos de posibles delitos financieros de alta complejidad”, explicó Andronoff.

Las autoridades recordaron que desde noviembre del año 2023 el contrabando de dinero está tipificado formalmente como un delito penal en el ordenamiento jurídico de Chile. Esta modificación legal dotó al Estado de herramientas punitivas mucho más severas, permitiendo no solo requisar las divisas informales, sino que iniciar investigaciones criminales profundas para indagar si los portadores operan como brazos logísticos o "correos humanos" al servicio de redes criminales internacionales.