Un terremoto político e institucional de proporciones que pone en tela de juicio los estándares de control fronterizo y la legalidad de los actos de la actual administración gubernamental estalló en los estamentos del Estado. La División de Fiscalización de la Contraloría General de la República emitió su informe final definitivo respecto del ingreso de ciudadanos de nacionalidad haitiana bajo la modalidad de reunificación familiar, ratificando con severidad técnica las anomalías detectadas en las fases previas y zanjando las responsabilidades de las autoridades políticas entre los años 2022 y 2025.

El extenso documento —de 147 páginas— concluye de manera tajante que el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), dirigido por Luis Eduardo Thayer (Frente Amplio), incurrió en una "evidente vulneración" al ordenamiento jurídico chileno al aplicar excepciones casuísticas a los requisitos imperativos fijados en la Ley N° 21.325, validando el uso de un simple documento de orden interna para eludir los controles que competen de forma exclusiva a los colegisladores del país.

El memorándum ilegal: "Arrogarse atribuciones del Poder Legislativo"

La principal y más severa conclusión jurídica del ente contralor apunta al mecanismo administrativo mediante el cual el Sermig flexibilizó las exigencias documentales en favor de determinados solicitantes de origen haitiano. Contraloría recordó en el fallo que la Ley de Migración dictamina explícitamente que los procedimientos, plazos y requisitos para otorgar permisos de residencia deben estar regulados por la propia ley o por sus reglamentos oficiales ingresados a trámite.

Pese a este mandato constitucional, la auditoría detectó que el servicio público aplicó un estándar rebajado sustentándose únicamente en un memorándum interno. La resolución de la Contraloría fue lapidaria al respecto:

El Dictamen de la Contraloría (Pág. 50): “Los requisitos y la documentación idónea para el ingreso y egreso del territorio nacional están fijados taxativamente en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, por lo que no pueden ser modificados, relajados o exceptuados mediante un simple memorándum”. Junto con ello, el documento añade que actuar por fuera de esta vía “implica arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso”, advirtiendo que cualquier cambio debió tramitarse vía decreto supremo sometido a toma de razón y publicado en el Diario Oficial.

Debido a que las excepciones aplicadas en los expedientes migratorios "no resultan admisibles" bajo el principio de legalidad, la Contraloría anunció una drástica medida sancionatoria: instruirá de forma directa un procedimiento disciplinario (sumario) para determinar las responsabilidades administrativas del director de la entidad y de los funcionarios que participaron en la redacción y aplicación de dicho memorándum ilegal.

Papeles vencidos y falsos tutores: "34 menores a cargo de un solo adulto"

El examen pormenorizado de las carpetas de los ciudadanos haitianos que ingresaron al país durante 2025 dejó al descubierto una preocupante falta de rigurosidad documental. Los fiscalizadores detectaron la aprobación masiva de expedientes que contenían:

• Certificados de antecedentes penales vencidos de los solicitantes.

• Certificados de nacimiento sin legalización consular ni apostilla válida.

• Pasaportes con observaciones reglamentarias severas y ausencia total de documentos que acreditaran de forma fidedigna los vínculos filiales.

Aunque el Sermig intentó justificar la flexibilización de los visados escudándose en la crisis de violencia y el complejo escenario sociopolítico que azota a Haití, el ente fiscalizador rechazó de plano el argumento humanitario, recordando que el servicio actuó sin facultades legales para pasar por alto la normativa constitucional.

Por otra parte, la Contraloría encendió las alarmas por posibles redes organizadas al analizar el flujo de pasajeros de los vuelos charter. El informe describe un preocupante patrón: durante los años 2024 y 2025, un grupo de 12 personas extranjeras presentó de manera sistemática ingresos repetitivos a Chile figurando como "adultos responsables" de nutridas delegaciones de menores de edad. El caso más extremo detectado en las planillas oficiales corresponde a una sola persona que ingresó al país el 5 de abril de 2025 declarándose responsable de 34 niños en un mismo vuelo.

Nula coordinación y vuelos sin listas de pasajeros

El informe final también fustiga el actuar descoordinado de los organismos encargados de velar por los derechos de la infancia en las fronteras. La fiscalización determinó que el Sermig, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Subsecretaría de la Niñez "no han actuado coordinadamente", al confirmarse la inexistencia total de protocolos informáticos para compartir bases de datos en tiempo real, la falta de trazabilidad de los niños y la ausencia de fiscalización posterior en los domicilios fijados por los solicitantes.

El desorden administrativo quedó ilustrado en las pericias realizadas al vuelo no regular WAL-801 de la aerolínea Caribbean Sun Airlines, el cual aterrizó en Santiago el 15 de octubre de 2025 sin presentar el listado obligatorio de pasajeros ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). Debido a esta flagrante omisión de seguridad, la Contraloría activará un Examen de Cuentas Autónomo para aplicar las multas y sanciones correspondientes al operador y las autoridades fiscalizadoras de la losa de aterrizaje.