Una contundente ofensiva fiscalizadora destinada a destrabar los recursos salariales y frenar la escalada de movilizaciones en la educación pública de la Patagonia se activó en la Cámara Baja. La diputada por la Región de Magallanes, Javiera Morales, ofició formalmente al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para exigir claridad inmediata sobre la disponibilidad y transferencia de los fondos destinados al pago del Bono de Zonas Extremas para los asistentes de la educación.
La gestión de la parlamentaria oficialista se da en un momento de máxima tensión gremial, gatillada por la profunda incertidumbre que acusa la directiva de los trabajadores respecto a la entrega del beneficio económico correspondiente al trimestre de junio, un derecho adquirido que se encuentra a escasos días de vencer en su plazo legal de pago.
La alerta se encendió luego de que los dirigentes de los asistentes de la educación sostuvieran reuniones de carácter resolutivo con las autoridades de la Dirección Ejecutiva del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes. En dicha instancia, el organismo administrador les habría confesado formalmente que no cuentan con ningún antecedente, fecha o documento de respaldo por parte del Ministerio de Hacienda que certifique la disponibilidad o la orden de transferencia de dichos dineros públicos.
La preocupación del gremio es doble, dado el historial reciente de la billetera estatal:
El Historial del Conflicto: Los representantes sindicales recordaron que este mismo Bono de Zonas Extremas ya registró severos retrasos administrativos en su pago durante el primer trimestre del año, instalando el temor de que se replique la misma negligencia centralista. La situación actual se torna aún más crítica, ya que este 24 de junio se activaron las primeras jornadas de paralizaciones de actividades y cierres de jardines infantiles, bajo la advertencia de congelar por completo el retorno a clases tras las vacaciones de invierno si Hacienda no deposita los fondos.
El retraso del bono llueve sobre mojado para un sector que arrastra un complejo mermamiento de sus remuneraciones líquidas mensuales. Durante el presente año, las y los asistentes de la educación de la zona extrema han debido absorber una serie de contracciones financieras derivadas de los dictámenes de la Contraloría General de la República. El golpe más severo se tradujo en el descuento forzado del 40% de su asignación de zona, luego de que requerimientos presentados por parlamentarios regionales terminaran por invalidar legalmente parte de los convenios y negociaciones colectivas que los trabajadores habían pactado históricamente con las corporaciones municipales antes del traspaso al SLEP.
Ante este adverso escenario laboral y previsional, la diputada Javiera Morales solidarizó con la crisis que viven los funcionarios de las escuelas y liceos públicos:
“Las y los asistentes de la educación de Magallanes han pasado un año extremadamente duro, en el que se han visto vulnerados sus derechos laborales una y otra vez desde el aparato central. Se les ha desconocido unilateralmente el valor de sus negociaciones colectivas con las alcaldías, lo que se ha traducido en recortes brutales e injustos a sus beneficios salariales diarios. Además de todo lo que han resistido, no es aceptable que sigan enfrentando incertidumbre respecto de un beneficio tan claro que les corresponde por ley y que cuenta con fechas de pago explícitamente calendarizadas”, fustigó Morales.
Mediante el oficio de fiscalización, la diputada Morales solicitó formalmente a la Dipres que informe de manera perentoria si los recursos del trimestre de junio de 2026 se encuentran liberados y en las cuentas del SLEP. En la misma línea, exigió que, en caso de reconocerse un retraso de origen burocrático, la entidad explique de forma detallada las razones técnicas de la demora y fije una fecha inamovible para que los trabajadores reciban sus remuneraciones de forma íntegra.