
Específicamente, en el caso que se presentó en el primer llamado a licitación que fue calificado como desierto, la Sociedad Mancilla y Ascencio Ltda., el abogado Zarko Luksic será el responsable de defender a la municipalidad, por lo que cobraría $ 3 millones.
En el proceso que inició la empresa Recotrans, el cual fue acogido por el TCP, calificando como ilegal el decreto alcaldicio que le entregaba la concesión a Servitrans, representará al municipio y a los concejales el abogado Gabriel Zaliasnik, quien cobraría $ 6 millones, por este caso y $ 8 millones más para reforzar la defensa de Luksic.
A esto se le suman los $ 132 millones que le cancelará este año la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) al abogado Fred Facusse, quien defendió al organismo en un proceso que inició un grupo de profesores.
Llama la atención que ambos casos pudieron haber sido evitados. A su vez, ambas entidades cuentan con un equipo jurídico contratado de forma permanente, que podrían llevar a delante la defensa.