“Indistintamente tengamos o no llamado de aquí a la tarde y se acepte o no se acepte la prolongación de los despidos que estamos solicitando, nos vamos a paralizar igual el lunes”, afirmaba ayer, con un dejo de desilusión y molestia por el incumplimiento de la pronta respuesta prometida por el ministro sobre el aplazamiento de las fechas para el comienzo de la ejecución de los retiros obligatorios, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la filial de Enap en Magallanes, Alejandro Avendaño. Y es que tras la asamblea informativa del jueves, acerca de la serie de reuniones sostenidas en Santiago durante la semana y que reunió a la directiva del gremio con más de 300 trabajadores preocupados por el incierto futuro que se avecina, se acordó comenzar a aplicar las medidas de presión correspondientes a la insatisfacción que generó la falta de respuestas concretas por parte de la autoridad.
Es así como ayer, el máximo representante de los trabajadores dio a conocer que las próximas acciones del sindicato, a parte del paro estratégico que determinaron llevar a cabo el lunes 22 y a partir del cual presentaron a la empresa, a eso de las 17.30 horas, el documento de notificación avisando a la gerencia del procedimiento de paralización con sus respectivos comités de huelgas, que se instalarán en las distintas áreas, serán, por una parte, presentar una reclamación legal a la Inspección del Trabajo el mismo día lunes para acogerse a un decreto del Código del Trabajo, referente al derecho de los trabajadores de conocer las nóminas informativas respectivas a los despidos, las que el sindicato ha denominado “listas negras”, porque según explicó Avendaño, “no las conocemos y el no conocerlas nos ha llevado a estar constantemente en una tensión psicológica e incluso familiar, lo que nos ha hecho muy mal. Bajo eso queremos hacer esa presentación con el servicio jurídico al Trabajo”.
La idea, según el dirigente, es que la entidad fiscalice a la empresa por la poca transparencia que ha habido en el proceso de la toma de decisiones, que de acuerdo sostienen, los ha tenido “angustiados”, y paralelamente, permitir imponerles la exigencia de que entreguen el listado, el cual quedará lacrado, sellado y timbrado en manos de la institución y que pedirán conocer una vez que se termine el proceso de las negociaciones.
“¿Qué podemos ganar? No sabemos, pero es el resquicio que tenemos y todos lo vamos a utilizar. Nos estamos jugando las últimas cartas”, precisó el dirigente.
Asimismo, Avendaño informó que recibieron ayer, al término del proceso de retiro de las desvinculaciones voluntarias, la lista detallada de los trabajadores que decidieron jubilar y que alcanzaron los 80 en total, 62 del sector de los trabajadores y 18 del sector de los profesionales, documento que presentaron a la empresa a las 17.00 horas.
Lo que piden los trabajadores
La demanda principal de los enapinos, desde que la empresa dio a conocer la aplicación de la medida “Plan de Egresos” para acabar con la sobredotación de la estatal a nivel nacional, es conseguir más beneficios económicos y de salud de los que ofreció la gerencia ($7 millones promedio adicionales a las indemnizaciones por trabajador), esperando llegar a un promedio de incentivos de ambos tipos de entre $22 millones y $25 millones.
Para ello, se encuentran negociando con diversos actores, como la Comisión de Energía y Minería, el Ministerio de Energía y la Gerencia de Recursos Humanos de la compañía, posponer la fecha de inicio de los despidos para prolongar la negociación y de esa forma conseguir aún más beneficios, que, a juicio de Avendaño, han ido logrando paulatinamente desde finales de julio, cuando se desató el conflicto.
“Queremos decirle a la empresa que la plata que hoy día está aprobada, dejarla para los 324 trabajadores de la primera etapa, y los 206 que pertenecen a la tercerización, correrla para el próximo año, el primer semestre del 2011 específicamente, ya que esto requiere de una larga discusión porque no sabemos qué se quiere tercerizar, además que es un año nuevo con otras platas diferentes, es decir, consideremos la plata una vez conversado con la gente que tenga que irse tercerizada”, explicó Avendaño.