
Sin embargo, del 80% restante, la mitad vive en propiedades que su tasación no supera las 225 Unidades Tributarias Mensuales (UTM); cerca de ocho millones y medio de pesos, lo que las deja exenta del pago.
De ese 40% que va quedando, casi la mitad son beneficiarios de las subvenciones por servicios básicos y por demostrar pensiones bajas, por lo que tampoco deben cancelar por el retiro de la basura, es así, como finalmente el 20% de los vecinos aportan para mantener el servicio de recolección. Este porcentaje se traduce en poco más de $ 300 millones de pesos al año.
En base a estos porcentajes, el contrato que realizó la municipalidad con Servitrans, la perjudica, porque la entidad comunal debe hacerse cargo de más de la mitad del costo mensual, que asciende a $ 91.630.000, una cifra alta si se compara con los
$ 66.500.000 que se cancelaba a Mercurio, la compañía que anteriormente realizaba la tarea.
Los casos de los vecinos que no cancelan por los motivos anteriormente señalados, generan que el municipio se haga cargo de sus cuotas, las que claramente ascendieron luego de aprobar la propuesta de Servitrans, que significan $ 25 millones mensuales más de lo que se pagaba hasta abril de este año y cerca de $ 30 millones más de lo que ofrecía la empresa Áreas Verdes, que participó de la licitación cumpliendo todos los requisitos con una oferta económica más baja, pero fue desechada.
Al año, considerando lo que se le debe cancelar a Servitrans, más el uso del vertedero y los costos asociados, la municipalidad desembolsa alrededor de
$ 1.300 millones, los que se reducen con el 20% de los vecinos que pagan y con el 20% que se recauda por conceptos de patentes: una suma inferior.
En base a esto, surge la duda de si efectivamente era más necesario aceptar este aumento, por propuestas que no se han concretado, como campañas informativas, o quizás, aumentar los ítems de educación, mantención vial, empleos temporales, entre otros.