
Esto, porque el artículo 82 letra c) de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que del concejo deberá pronunciarse dentro del plazo de veinte días, contado desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento formulado por el alcalde. Si los pronunciamientos del concejo no se produjeren dentro de los términos legales señalados, regirá lo propuesto por el alcalde que, en este caso, es la oferta de Carlos Estrada.
“Hice esta presentación porque necesito que la Contraloría explique qué pasa con este punto. Porque si se respeta este dictamen, el viernes pasado yo ya tendría que haber estado adjudicado”, enfatizó el empresario.
El concejal José Saldivia aseguró que “no hay claridad respecto a qué va a pasar, se está hablando de solicitar una prórroga, pero sería absurdo porque se debería extender el contrato con Estrada, que es el actual encargado”, manifestó.
Según su punto de vista, “creo que la salida va a ser judicializada, lo que pienso no debería dejar dormir tranquilo al alcalde Mimica”, puntualizó.
Se repite la historia
Si bien como se ha desarrollado este proceso es particular, porque se votó en tres oportunidades y no se acogió lo manifestado por la CTE, cabe recordar que en marzo, esta misma licitación fue declarada desierta, donde el único oferente fue Carlos Estrada.
En la oportunidad no hubo objeción respecto de ningún documento, pero se apeló a que la empresa recolectora de basura, Servitrans iba a realizar parte de las tareas asignadas en el contrato, por lo que supuestamente no era necesario firmar otro.
Sin embargo, pasaron los meses y el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo debió llamar nuevamente a licitación por concepto de limpieza de Zarpas, Vías y Espacios Públicos, puesto que todavía se está esperando que Servitrans cumpla con los servicios “extras” por los que está cobrando $ 30 millones mensuales más de lo que pedía Áreas Verdes, que era la firma que cumplía con todos los requerimientos consignados en la licitación.
A esto, se le suma que el contrato por este servicio siempre tuvo un valor de $17 millones mensuales, no obstante, en esta oportunidad, las exigencias se ampliaron y el costo subió a más de $ 40 millones mensuales.