Las múltiples irregularidades que detectó la Contraloría Regional respecto del uso de los fondos municipales, motivó al representante a acudir a la justicia para que definitivamente existan sanciones en contra del edil Atilio Gallardo y de todos los responsables del gasto ilegal que está afectando tan gravemente a la comunidad de Tierra del Fuego. Un valioso y contundente logro consiguió el concejal de Timaukel, Luis Barría, luego de que la querella criminal por el delito de fraude municipal que interpuso en contra del alcalde de la comuna, Atilio Gallardo, fuera acogida por el Juzgado de Garantía de Porvenir.
El representante, ante las múltiples irregularidades que detectó la Contraloría Regional, respecto de las gestiones efectuadas por el edil, presentó la acción judicial para que tribunales se pronuncie y dicte sanciones por los gastos millonarios en que ha incurrido Gallardo, estando la gran mayoría de ellos justificados con eventos que nunca se habrían concretado, además de remates de bienes mueble del municipio, de los que no se conoce el decreto con el que se los da de baja, ni los fondos obtenidos.
En la querella se señala que las operaciones del alcalde y de sus subordinados, como empleados públicos, han “defraudado o consistieron en que se defraudara a la Municipalidad de Timaukel ocasionándoles pérdidas económicas o privándoles de un lucro legítimo”.
Algunos de los hechos que componen la presentación del concejal Barría, consisten en el alcalde Gallardo habría realizado una transferencia de recursos a entidades que no figuran en el registro central de colaboradores del Estado y municipalidades, como lo son el Club de Pesa y Caza de Cerro Sombrero por un monto de $ 500.000 durante 2010 y a la Asociación Deportiva local fueguina de Automovilismo por $ 7.402.000 en 2009.
A esto, se le añade que en la auditoria de transacciones que realizó el organismo fiscalizador, se efectuó un detallado análisis de los servicios de banquetería que requirió el jefe comunal, detectándose que en diversas oportunidades se contrató a Miguelina Barría Álvarez, totalizando en el período comprendido entre enero de 2009 a abril de 2010, la suma de $ 47.347.778. A su vez, también se argumentaron pagos a Bárbara Cifuentes Sánchez, a quien se le habría inducido a reconocer cancelaciones que nunca se le efectuaron.
Pero esos no fueron los únicos servicios gastronómicos que involucró el desembolso de millones de pesos por parte del municipio, ya que cuando el cónsul de Suiza visitó Puerto Yartou, el almuerzo que se le ofreció, en el participaron 17 invitados, tuvo un costo total de $ 7.000.000, es decir, por persona se pagó $ 411.764.
No obstante, también se han encontrado boletas de honorarios por $ 6.866.667 justificadas con la celebración de navidad y año nuevo para Pampa Guanaco y Villa Cameron, pero el municipio no fue capaz de demostrar que dicha actividad efectivamente se realizó.
Otro caso similar, es el servicio de cóctel, almuerzo y coffe break que se habría ofrecido en una reunión del Consejo Regional y del Gobierno Regional en octubre de 2009, que según la boleta indicada se canceló $ 6.666.667, pero tampoco se demostró que se haya efectuado el cóctel y el almuerzo en dicho evento.
Incluso se involucra a personal uniformado en pagos sin motivo aparente, porque el alcalde Gallardo explicó que la boleta emitida por el monto de $ 4.900.000 se debía a la compra de 160 colaciones, cenas y alojamiento proporcionado a “soldados y personal de planta del ejercito, regimiento Caupolicán de Porvenir, quienes habrían participado en el desfile de aniversario de la comuna”, manifiesta la querella, sin embargo, la delegación no asistió a dicha jornada.
En tanto, las contrataciones del personal efectuadas por el edil Timaukel, se agregaron a los temas que deberá estudiar la fiscalía, porque el administrador municipal, Luis Meriño fue condenado por el delito de falsificación de instrumento público, por lo que no estaría autorizado a ejercer cargos públicos.
Hasta la fecha no existen registros contables de los hechos económicos ocurridos en 2009 y 2010, por lo que los concejales no tienen acceso a antecedentes que involucren los recursos de toda la comunidad.
“Estamos frente a hechos muy graves. Espero que la justicia haga pronto su trabajo y podamos terminar con todos estos hechos que han afectado tanto a la comuna, porque los más perjudicados son los vecinos. La comuna no ha podido avanzar en todo este tiempo”, enfatizó el concejal de Renovación Nacional.
La defensa del alcalde Atilio Gallardo no apeló al pronunciamiento de la fiscalía, por lo que la querella está en tramitación.