
La contadora, que se desempeñó por casi 21 años bajo la modalidad de contrata en esa repartición, hoy, ya resignada a dejar el cargo profesional que ejercía para la provincia fueguina, habla acerca del proceso que, como a ella, dejó a otros 56 funcionarios públicos desvinculados de sus labores en la región calificándolo de injusto, por el hecho de señalarle y de manera verbal la gobernadora Catalina Bessnier, como causal del despido, que debía viajar dos veces a la semana a Punta Arenas para cumplir sus funciones de integrante del Consejo Regional (CORE), hecho que la ley contempla y permite.
A partir de ello, Andrade solicitó a la máxima autoridad provincial formalizar la notificación por escrito, situación que no sucedió y que la obligó a presentar el lunes ante la Corte de Apelaciones, un recurso de protección en contra de Bessnier , acción legal que fue acogida, otorgando el Tribunal Superior seis días de plazo a la autoridad para evacuar su informe, proceso que aún está curso.
“No quiero referirme al tema todavía hasta que no se resuelva el plazo que tiene la Gobernadora para responder a Contraloría”, admitió la consejera.
“Con la frente en alto”
Para la ex funcionaria de la Gobernación fueguina, es necesario que tanto el Gobierno Regional (GORE) y como el estamento público donde trabaja, reconozcan que el motivo de su exoneración fue un “hecho político”.
“Tengo claro que a la gobernación no retorno; eso, con mucho dolor lo asumí. Lo que sí quiero hacer, es salir con la frente muy en alto y que se reconozca que fue un hecho político, pues no se entiende que una funcionaria de 20 años 8 meses de servicio, en donde he pasado por diferentes gobernadores y gobernadoras y siempre siendo calificada lista uno en mérito, precisamente con la gobernadora actual también obteniendo esa calificación, se me despida como otros compañeros en iguales condiciones”, dijo Andrade.
Siguiendo esa línea, lamentó la salida de otros empleados que no recontrataron y que estaban a punto de jubilarse o con licencias médicas , los que a su juicio, representan casos humanos que “son los verdaderamente importantes y los que hay que ver de aquí en adelante”, dijo, como se lo hicieron ver a la intendenta Liliana Kusanovic en la sesión del CORE que no se realizó, por la medida que adoptaron los consejeros concertacionistas de no ingresar al Consejo Pleno para solidarizar en conjunto con la ANEF, con ella y los demás trabajadores despedidos.
Emplazamiento
Previo al polémico episodio que se produjo en el CORE, la consejera PPD tuvo una audiencia con Kusanovic, donde dio a conocer su inquietud y rechazo por la decisión de la autoridad, no obstante en lo único que quedaron fue en esperar lo que determine el recurso de protección presentado.
En relación al acto de apoyo que demostraron varios de los consejeros, Andrade explicó que, más allá de ello, “fue una medida para marcar un gesto de repudio a lo que está sucediendo” y que, por lo mismo, “exigimos un pronunciamiento escrito a la intendenta, así que estimo que va a tener que hacerlo a la ANEF porque solicitamos que señale caso a caso las causas de despidos, así que asumo que tendrá que entregar la información muy pronto, sino habrá que analizar la situación nuevamente”, concluyó.