El impacto que generó el “infierno carcelario” en la cárcel de San Miguel, que provocó el deceso de 81 internos, es un tema que dará para muchísimos análisis y comentarios, sobre todo por la realidad carcelaria que presenta Chile. Con altos índices de hacinamiento, aunque en Punta Arenas esto no sucede, según lo han asegurado autoridades de Gendarmería.
La Defensoría Penal Pública, dirigida en Magallanes por el abogado Juan Vivar, tiene un rol de garantes de los derechos de los imputados y de su dignidad como personas.
Titulado en la Universidad de Chile, entre sus múltiples funciones, Vivar se desempeñó como abogado del Departamento Pastoral de Derechos Humanos del Obispado de Punta Arenas. Fue secretario ejecutivo del Consejo Regional para el Control de Estupefacientes Conace, secretario regional ministerial de Justicia, docente en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Magallanes y a contar del 1º de agosto de 2002 fue nombrado defensor regional.

¿Defensor, esta fue una tragedia más que anunciada?

“Así es, hace ya mucho tiempo que, no sólo la Defensoría sino que otras voces, como el Poder Judicial, centros de estudios, y el propio Ministerio de Justicia habían denunciado la situación de hacinamiento en que se encuentran la mayoría de las cárceles de Chile. Tenemos hoy más de 50 mil presos en nuestro país, una tasa superior a las 300 personas recluidas por cada 100 mil habitantes, que se constituye en una de las más altas de Latinoamérica, mayor que Argentina, Brasil y Colombia”.

¿Qué propuesta ha hecho la Defensoría al respecto?

“Nuestra institución viene sosteniendo, reiteradamente, que la cárcel no es la solución para todo. No podemos resolver los problemas de delincuencia y seguridad enviando a todas las personas tras las rejas. Pero el clamor popular pareciera que sólo quiere más penas, más presos, más cárceles y más restricciones a nuestros derechos y garantías”.

Pero si no existiera la cárcel ¿que hacer con las personas que delinquen?

“A ver, quiero ser claro, no se trata que los delitos queden impunes, por supuesto que quien comete un ilícito y es considerado culpable por un tribunal de la República debe recibir una sanción penal, pero, a lo que me refiero, es que esa sanción debe ser proporcional al delito que se comete, y no solamente debe ser la cárcel, hay otras instancias que deben estar disponibles, son las que se llaman medidas alternativas como ser el uso de brazaletes electrónicos, la reclusión domiciliaria, los trabajos a la comunidad”.

¿Y por qué cree que no se han podido implementar esas medidas?

“Sin duda alguna que existe una transversal visión de túnel en gran parte de nuestros legisladores, que sólo avizoran la cárcel al final del camino de la seguridad ciudadana y cada cierto tiempo van incorporando ciertas figuras penales, se sancionan conductas que antes no eran constitutivas de delitos y eso hace que el sistema penitenciario colapse; como fue en su tiempo la agenda corta antidelincuencia, que posibilitó que mucha gente ingresara presa por delitos menores, lo cual aumentó el número de presos en las cárceles del país. Cuando se legisla, no se establece el impacto que esto va a tener en la población carcelaria”.

¿Es casi como un problema de cambio de mentalidad?

“Por supuesto, los más de cien años de mentalidad punitiva nos han llevado a justificar, en algunos casos vehementemente, que quien comete delitos no tiene ningún derecho, valga la redundancia, a pedir que se respeten sus derechos; criticamos así que tengan abogados que los defiendan y exigimos su inmediato encarcelamiento, cuestionamos que hagan uso de su derecho a guardar silencio, o los condenamos anticipadamente, en suma somos vengativos y nos conformamos sólo si están presos. Luego nos olvidamos de ellos, a no ser que la trágica muerte de 81 personas nos robe algunas lágrimas y empecemos a reconocer que quienes hoy día cumplen prisión preventiva o penas de reclusión al parecer son, también,
seres humanos”.