La falta de experiencia en el ámbito municipal del alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo, ha generado que se cometan caras imprecisiones, obligando el desembolso de varios millones de pesos por parte del organismo, que no han ido en beneficio de la comunidad, sino que de terceros. El más reciente involucra el contrato de arriendo de las oficinas de calle Roca 926, a las cuales se deberían trasladar los funcionarios del Departamento de Administración y Finanzas, pero ante las malas condiciones que presentaba el recinto se suspendió el proceso hasta que las reparaciones del inmueble, para dejarlo habitable, finalicen. Estas obras han significado el desembolso de alrededor de $ 15 millones extras a los $ 2.500.000 que se debe cancelar por el alquiler.
Considerando que el convenio se celebró en septiembre, son cerca de $ 25 millones los que se han gastado, pero sin un destino provechoso para la municipalidad ni para los vecinos.
Además, se tuvo que destinar $ 17 millones para la contratación de dos abogados que defiendan al municipio y al Concejo Municipal, por las faltas cometidas en los dos procesos de licitación que se efectuaron para adjudicar el contrato de retiro de la basura domiciliaria.
Hasta el momento los intentos de los profesionales por resguardar los intereses de la Municipalidad no han sido exitosos. De tener un resultado final adverso, una de las empresas que está llevando adelante el caso judicial, podría exigir una indemnización que superaría los $ 4 mil millones de pesos.
Pero lo anterior no generará mayores trastornos en el presupuesto de la comuna, porque existen otros ítems que recibirán más fondos desde el próximo año: uno de ellos se explica con el aumento a $ 350 por cada media hora en el cobro de estacionamientos en el centro de la ciudad, que comenzará a regir desde el 2 de enero, y que significará un acrecentamiento en el monto que la concesionaria debe cancelar al municipio.
A su vez, los vecinos también deberán estipular en sus gastos el reajuste por el retiro de la basura, que fue elevado en gran medida por el alto costo que se le debe cancelar a la empresa Servitrans, la que cobra más de $ 90 millones mensuales: cerca de $ 25 millones más que lo requerido por la empresa anterior.