La Contraloría Regional confirmó en su informe final, emitido la semana pasada, que los buses amarillos no fueron una donación, sino que una compra, y que la Municipalidad de Punta Arenas debió haber sabido cuál era el fin de los recursos desembolsados , a pesar de haber firmado un convenio con su par de Puerto Montt para que se hiciera cargo de los trámites para que llegaran 10 vehículos hasta la comuna.
Los concejales José Saldivia, Roberto Sahr, Vicente Karelovic y José Aguilante recurrieron en 2009 al organismo fiscalizador para que éste averiguara sobre la legalidad de la internación de los buses y si la llegada de estos se debió a una donación que sólo involucraba el pago del flete, como afirma el alcalde Vladimiro Mimica Cárcamo, o si derechamente se trataba de una compra, como lo sospechaban los representantes comunales.
A mitad del año pasado la Contraloría de la Región de Los Lagos dio a conocer la investigación que se llevó a cabo a la Municipalidad de Puerto Montt, que fue la primera en adquirir las máquinas, donde en sus conclusiones se confirmó que el trámite fue una compra y no una donación.
Se señaló en dicha oportunidad que el convenio realizado entre la Municipalidad de Puerto Montt y otras cinco comunas, entre ellas Punta Arenas, “consistió en una operación de compra que se realizó con la empresa estadounidense comercializadora de estos vehículos, Don Brown Bus Sales, Inc., y no de una donación, como se hizo parecer”, por lo que se inició un sumario administrativo.
En base a esto y analizando las respuestas que proporcionó el municipio local durante la investigación, donde se insistió en que el alcalde firmó un convenio con su par de Puerto Montt, Rabindranath Quinterios, comprometiéndose este último a realizar las gestiones para traer los buses, quedando sólo la responsabilidad al edil Mimica de pagar el costo del flete, la Contraloría consignó que le corresponde a la municipalidad de Punta Arenas, “en su calidad de organismo ejecutor del gasto, velar porque este se ajuste a la normativa legal vigente, que cuente con la documentación autentica que justifique tales operaciones, que cumpla con la finalidad para lo cual se destinaron los fondos y que acredite el cumplimiento de las leyes tributarias, de ejecución presupuestaria y de cualquier otro requisito que exijan los reglamentos y leyes sobre la materia”.
La luz de alerta para los concejales la dio el costo del flete y la obligación de contratar a la empresa que la firma, supuestamente, ejecutora del donativo, obligaba, puesto que según las cotizaciones que realizaron los representantes comunales, la municipalidad pagó US$ 100.000 de más por este concepto, lo que hacía pensar que ese fue el precio a pagar por los buses.
La manera correcta de haber realizado la operación, según lo explica la Contraloría, debió involucrar un llamado a licitación para que alguna empresa se hiciera cargo del transporte terrestre hasta el puerto de embarque y el flete marítimo a Chile.
La diferencia monetaria no logró ser justificada por el municipio, según lo indica el informe, por lo que se mantuvo la observación y Contraloría requirió que el organismo comunal instruya un sumario administrativo por la falta de licitación para realizar el transporte marítimo, “sin perjuicio que esta Contraloría Regional ordene el reparo respectivo, en relación con los montos pagados en exceso por concepto del referido flete”, se advierte.
Procesos internos
A su vez, se detectó que el pago de US$ 155.050 realizado a la empresa de buses se cursó sin esperar el pronunciamiento de la Dirección de Control del municipio, respecto a la legalidad del gasto e imputación presupuestaria, luego de la consulta realizada por el Departamento de Administración y Finanzas.
Ante esto la municipalidad afirmó que no es obligación esperar este tipo de pronunciamiento para haber concretado el pago. Sin embargo, Contraloría mantuvo la observación puesto que enfatizó que todos los procedimiento para confirmar un buen uso de los recursos, deben realizarse. Por este hecho, se instó a un nuevo sumario administrativo para determinar responsabilidades en el acto, al igual que por no haber efectuado una licitación a través de Mercado Público para adquirir los buses amarillos.