La respuesta de los magallánicos ante la medida arbitraria que decidió aplicar la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) y el desacierto del Gobierno que no realizó la lectura política correcta. Las consecuencias que podía acarrear entre los ciudadanos la noticia de que se le aumentará el precio del gas. Uno de los elementos básicos para poder vivir en la región, tuvo su antesala en los conflictos que se presentaron en La Araucanía y en Isla de Pascua.
A mediados del año pasado, el Ejecutivo estaba en medio de un grave conflicto con el pueblo Mapuche, donde el diálogo no estuvo presente hasta que el entonces arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati tomó un papel preponderante en facilitar las conversaciones, lo que derivó en que los comuneros detuvieran la huelga de hambre que ya los tenía internados en diferentes hospitales de la zona.
Para nadie es una sorpresa que este problema se extiende hace años y que la única manera de solucionarlo era a través de conversaciones entre las partes, reconociendo a los voceros, sin embargo, la situación escaló y el Gobierno esperó el límite, porque los huelguistas estuvieron 82 días en ayuno antes de que se abriera una puerta para analizar temas territoriales, de justicia militar y ley antiterrorista.
En Isla de Pascua también se presentó un conflicto grave que tuvo a toda la comunidad Rapa Nui alterada y preocupada por la actitud del Gobierno, por falta de diálogo y por actuar sin considerar los factores que rodean la medida. Al igual que en el caso anterior, durante meses existió una divergencia de posiciones sobre una parte del territorio que los habitantes defendían como ancestrales, pero que estaban siendo ocupados por la autoridad, sin respetar la creencia local, lo que se extendió hasta que los locales se parapetaron en el sitio para que no siguieran siendo utilizados, creándose un movimiento de defensa y el posterior actuar de Carabineros para su desalojo. Al igual que en Magallanes, la situación tuvo que estallar y todo Chile continental enterarse del escenario que se estaba desarrollando en la isla, para que el Gobierno actuara realmente en pos del diálogo.
En aquella oportunidad, al igual que ahora con el caso local, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla debió salir en defensa del Gobierno y generar negociaciones.
En la región, los siete mil habitantes que llegaron a la Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, el miércoles 5 de enero, no fue un argumento suficiente para que la administración del Gobierno Regional (GORE) atinase a prevenir antes que curar una herida que, tal como ocurrió, probablemente no cicatrice en meses o años, ya que la comunidad perdió absolutamente la confianza con las autoridades locales y centrales.
Considerando los dos casos anteriores, quedó al descubierto la estrategia del Ejecutivo de mantenerse firme en su postura, aunque tengan o no la razón, porque, claramente, en Magallanes no se pudo haber actuado con menos inteligencia en uno de los temas más sensibles. Tanto es así, que la intendenta Liliana Kusanovic reconoció que se enteró a último minuto que se iba a registrar un aumento en la tarifa del combustible y, posteriormente, manifestó que el Gobierno se pondría en contacto con la Asamblea Ciudadana de Magallanes (ACM), con el objetivo de establecer una mesa de trabajo, después de que se registraran las dos muertes en la primera noche de paro regional indefinido.