El abogado del Ministerio del Interior, Sebastián del Pozo, concurrió ayer al Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en calle O’Higgins, pero no presentó las querellas, invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado, que anunció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Solamente se limitó a realizar algunas consultas en ventanilla y luego solicitó una entrevista con el juez presidente.
A la salida se excusó de entregar mayores antecedentes y sobre la presentación de las querellas se limitó a señalar que “es el ministro quien tiene que dar la instrucción”, para interponerlas. Un trámite que se podría concretar esta mañana.
El abogado penalista, Francisco Cárdenas, dijo que la normativa a la que el gobierno anunció “echar mano” considera penas muy altas, y quienes sean condenados pueden recibir penas de tres, cinco y hasta 10 años de cárcel. “Esto va a generar una situación difícil”, reconoció el jurista, si es que efectivamente se entablan las querellas. Porque una vez interpuesta, Carabineros puede actuar y proceder a la detención de muchas personas que, en este caso, estén bloqueando la carretera, que es lo que el gobierno quiere evitar, y en la medida que así sea la fiscalía podría solicitar la prisión preventiva para los detenidos.