Cuantiosos beneficios ganó la comunidad magallánica tras el acuerdo que finalmente suscribió, representada por la ACM, con el Gobierno, en una postura que fue difícil de ablandar por parte del biministro de Energía y Minería y el subsecretario del Interior. Tras intensas jornadas de negociaciones que fracasaron en varias oportunidades con la finalidad de lograr obtener una solución definitiva que no afectara al bolsillo de las familias magallánicas.
Y así fue, porque el Ejecutivo se comprometió, en una propuesta que cedió a más no poder su posición frente a la problemática, a bajar el precio en la tarifa del gas domiciliario para los residentes de la zona extremo austral de un 16,8% de alza a un 3% durante diez meses, mientras se aborda la futura tarificación en materia gasífera que será aplicada en un proyecto de ley para regular el cálculo de éstas.
La iniciativa original, contemplaba sólo la alternativa que había determinado imponer el directorio de la ENAP, y ello no tenía vuelta. La opción que se había barajado era una prórroga, tal cual se había efectuado el proceso anterior de la firma de contrato entre la firma estatal y Gasco.
Pero en vistas de la complicada situación que se fue dando a medida que transcurrían los días de paro, el subsecretario Ubilla arribó a la región dos días después del comienzo de la medida, con la proposición del reajuste del 3% y el lapso de diez meses para trabajar el proyecto de ley, lo que fue rechazado tajantemente por la Asamblea, en un principio, con el argumento de que no se garantizaba la luz verde a la iniciativa en el tiempo estipulado.
Por su parte, los integrantes de la ACM, desde el momento que asumieron la inminente alza del gas, afinaron su propuesta escuchando las demandas de la comunidad solicitando, en una carta dirigida al propio Presidente de la República, el congelamiento de la impopular medida por al menos 10 años.
“Sabíamos que teníamos que partir con el tejo pesado”, manifestó el dirigente Carlos Aro, haciendo alusión a la dureza en la postura que veía en las autoridades centrales. “Flexibilizamos a cuatro años en las conversaciones, llegamos a un año y terminamos en 10 meses sin aumento del precio, hasta que salga la nueva ley. Nos acercamos mucho a lo que estábamos negociando, llegamos casi al 100% de lo que podíamos ceder y no podíamos ceder a lo que solicitaban, porque teníamos una carga muy pesada en la gente”, añadió.
Sin embargo, accedieron al ofrecimiento tras un ejercicio de diálogo con las juntas vecinales que pedían terminar con el conflicto y finalmente aceptar lo que el Gobierno planteaba, proposición a la que lograron sacar incluso compensaciones económicas interesantes (ver nota secundaria).
De esta forma, se marcó el antes y el después para un movimiento ciudadano que tomó fuerza presionando a la autoridad por una demanda esencial para los magallánicos, el gas.
Según Aro, entonces, se logró mucho más que medidas concretas. “Si hay un antes y un después, está claramente definido desde el punto de vista de que ante el Gobierno, frente al tema del gas, nuestros parlamentarios no tuvieron una respuesta adecuada para dirigirse a la autoridad en su oportunidad, nuestro alcalde que también estuvo en La Moneda tampoco tuvo una respuesta adecuada, quien se tuvo que reunir, la sociedad civil y la sociedad civil recién pudo ser reconocida como ACM cuando viene el subsecretario Ubilla a la región y se nos convoca a través del obispo, con quien nosotros ya nos habíamos entrevistado (carácter de facilitador) y recién ahí se reconoce a la ACM de forma oficial como un organismo que tiene la voluntad de trabajar en este problema y que logró sacar adelante su demanda”, enfatizó.